Un obispo, un voto

SABE nuestra alta jerarquía eclesiástica que la democracia iguala o tiende a igualar la influencia de los ciudadanos en la vida política, hasta el punto de que en época electoral vale el principio de «un obispo, un voto». Es decir, la preferencia electoral de un arzobispo tendría el mismo valor que el voto adverso de un agnóstico progresista, o el del presidente de una empresa energética que el de su secretaria, y de ahí que el corporativismo, sea político, religioso, judicial, mercantil o antisistema, procure elaborar una doctrina a seguir por cada una de sus respectivas clientelas. Tras horas de deliberaciones, la Conferencia Episcopal lanzó ayer los diez puntos del documento que, sin ser propiamente un manifiesto electoral, tiende a orientar el voto de los católicos. El portavoz de la Conferencia es el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, cuya carrera eclesial, en cierto modo meteórica, no agrada a la orden a la que pertenece, que siempre se ha negado a recibir honores episcopales, lo cual no parece afectar al monseñor desobediente, en el que brilla la excelente formación y habilidades especiales que proporciona la Compañía de Jesús a sus miembros. Con gran delicadeza en la matización de los juicios de valor que el Episcopado va a predicar en esta campaña, Martínez Camino aseguró que la Iglesia no pide el voto para ningún partido concreto, pero afirma que no todos los programas son igualmente compatibles con la fe y aconseja negar el voto a los que defienden el aborto o formas de matrimonio que no sean entre hombre y mujer. El documento advierte, en labios del portavoz, del «peligro de opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales y principios antropológicos y éticos arraigados en la naturaleza del ser humano, en particular respecto a la defensa de la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural». Pero lo que entra directamente en el ámbito de la gestión política es el rechazo frontal de nuestro Episcopado a toda negociación con ETA, pues «una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población ni puede tenerla como interlocutor político». Esta declaración, que suscribiría la inmensa mayoría de los españoles en estas circunstancias, señala que la posición eclesial y la del PP son exacta o aproximadamente iguales, como la mayor parte de las orientaciones que nuestro episcopado suministra y las que desde Génova 13 se proyectan. Lo cual no podía ser de otra manera cuando en esta legislatura han compartido dirigentes «populares» y obispos, desde la efervescencia la calle incluso, una serie de principios, como el matrimonio entre hombre y mujer, «antropológico» pareció decir Martínez Camino, que creían amenazado.