Fintas electorales

LA CAMPAÑA de difusión del nuevo Estatuto de Castilla y León anunciada por la Junta parece estar hibernada. Después de un primer acto celebrado en Valladolid a mayor gloria de quienes participaron en su elaboración (fue durante la mañana de una jornada laborable y en la sede de una Consejería) no se sabido más del asunto. Se ve que con la campaña electoral no están como para perder tiempo en esas zarandajas. No obstante, seguramente volverán a la carga en abril, al rebufo de la fiesta oficial de la Comunidad Autónoma. El presidente del parlamento autonómico, José Manuel Fernández Santiago, amenaza, por su parte, con poner en marcha el «Parlabús», un autobús itinerante que piensa recorrer los rincones de las nueve provincias proclamando las bondades del Estatuto. Que haya paralizado momentáneamente su difusión no quiere decir que el PP renuncie a utilizar electoralmente el Estatuto en aquellos aspectos que le puedan resultar rentables. Acabamos de ver la prisa que se ha dado la Junta en presentar el Consejo para el Dialogo Social, un órgano de nueva creación que figura en la nueva Carta Magna de Castilla y León. Pese a que dicho Consejo no será realidad hasta que las Cortes aprueben la preceptiva Ley, Juan Vicente Herrera ya se ha hecho la foto del consenso, y no precisamente con Ángel Villalba -como en rigor correspondería- sino con los máximos dirigentes de la patronal y de UGT y CC.OO. A escasas semanas de la cita con las urnas, Juan Vicente Herrera comparece así como un gobernante que cree en la sociedad civil, dispuesto a concertar sus políticas con los agentes económicos y sociales, paladín, en suma, de la participación democrática. Una pátina de dirigente liberal y dialogante que contrasta con la involución registrada en el Partido Popular, que día a día se está echando al monte de la derecha más integrista y reaccionaria. Pero, como siempre, una cosa es predicar y otro dar trigo. Bien se ha visto en la apuesta lanzada para fusionar las Cajas de Ahorro, que, lejos de respetar la autonomía de esa sociedad civil, ha constituido un claro intento de intervencionismo político del más viejo estilo. Apuesta, dicho sea de paso, por la que nadie da ya un solo duro. Por no hablar de la mediatización de que son objeto los llamados agentes económicos y sociales por causa de la financiación oficial que reciben desde la Junta. En el caso de la patronal regional, Cecale, su dependencia lleva camino de convertirse en orgánica. No tanto porque su presidente, Jesús Terciado, sea un hombre del Partido Popular, sino porque en la práctica ha delegado el poder en el secretario general, Héctor García Arias, un peón colocado ahí por el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva. Esta sumisión política, superpuesta a su irresuelta división interna -el fraccionamiento en dos bloques territoriales se mantiene tal cual-, ha sumido a la patronal de Castilla y León en una especie de marasmo que acabará por reventar. Por si acaso, Villanueva ya tiene preparado un tapado, que por cierto es leonés.