Nenes al banquillo

LA PRECOCIDAD delictiva se rejuvenece, y ya cometen delitos de evidente gravedad niños menores de catorce años, edad en que empieza la responsabilidad penal. Es lógico que ese drama social haya salido al zoco de la precampaña, y Rajoy lo ha cogido por donde más podría herir la sensibilidad de la gente, proponiendo que se responda al Código penal a partir de los doce años. Hasta ahora, y desde la Ley del Menor del 2000, impulsada por un gobierno del PP, la edad penal se inicia a partir de los catorce años. Rajoy ha querido mostrar firmeza en el campo de la inseguridad ciudadana y tranquilizar a una opinión pública minoritariamente alarmada por los graves, aunque esporádicos delitos que cometen niños de doce y trece años. Los medios de comunicación han aireado sensata y oportunamente casos de violaciones perpetradas por niños menores de catorce años, grabadas en teléfonos móviles y emitidas por Internet, como si hubiera desaparecido o nunca hubiera germinado en esos niños una conciencia de responsabilidad moral. También se hacen públicas, cada vez más frecuentes, palizas que podrían calificarse de torturas a compañeros de colegio. Ningún partido del arco parlamentario ha bendecido la propuesta de Rajoy, y eso que muchos adultos se han enfrentado en algún momento a la arrogancia provocadora e intimidante de cuadrillas de niños que se consideran con aptitudes para ingresar más tarde en cualquier organización delictiva, al estilo de los «thriller» de Hollywood. Pero si el integrismo se cura con tolerancia, la conducta infantil se canaliza y corrige mediante la educación, mediante la educación para la ciudadanía, por ejemplo, y esfuerzos suplementarios de los profesores y los padres. Y en caso de familias desestructuradas, la solución no es que a los niños se les rebaje la edad penal sino impedir por todos los medios que lleguen a transgredir la ley. Puede ser puro buenismo esta opinión, pero seguramente es preferible al encarcelamiento. De «ocurrencia demagógica» calificaba el socialista Ramón Jáuregui la propuesta de Rajoy, y el PNV de «barbaridad». . Hay, pues, coincidencia en que la delincuencia infantil no es un problema penal, aunque pudiera su gravedad llegar en algún caso a ser penalmente tratada y castigada, sino de formación ciudadana responsable, para lo cual, además de escuelas, se necesita padres y el marco de familias bien estructuradas. Y en su defecto, la intervención protectora y subsidiaria del Estado, sin que el problema se les entregue a jueces y fiscales.