Habrá debates

CUANDO ya comenzaba a especularse con la posibilidad de que los cara a cara entre Zapatero y Rajoy no tuvieran lugar, el PP anunciaba su conformidad con la propuesta socialista de que sea la Academia de Televisión, presidida por el periodista Manuel Campo Vidal -moderador de los debates de 1993 entre González y Aznar-, la que organice los dos debates electorales, cuya señal será distribuida gratuitamente a todas las televisiones que lo deseen. Ahora corresponde a la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión hacer una propuesta sobre el formato y los moderadores de los dos cara a cara. De esta manera, el PP renuncia a su posición inicial mantenida hasta ayer mismo de que Antena 3 y Telecinco fueran las cadenas desde las que se debería emitir los debates. El PSOE, por su parte, ha debido renunciar también a que los debates se celebrasen en la televisión pública estatal, o a que fuese ésta la que los produjese y ofreciese a los demás medios. De cualquier modo, conviene recordar que el temario y los tiempos estaban ya pactados y cerrados entre el coordinador de campaña del PSOE, José Blanco, y el del PP, Pío García Escudero. Serán cinco bloques temáticos con todos los temas imaginables, y entre ellos inmigración y terrorismo. La noticia es un lenitivo a la irritación que la ciudadanía ha sentido por el abuso de la demagogia en estos meses preeliminares del 9-M, y que se hubiera exacerbado si la iniciativa de los debates no hubiera prosperado. No es momento de plantear grandes objeciones al acuerdo, que sin embargo requiere algún comentario. En primer lugar, sigue sin tener sentido que no sea la televisión pública estatal la encargada de semejantes liturgias. Si RTVE no tiene capacidad suficiente ni neutralidad bastante para ser el vehículo de las campañas electorales, habrá que llegar a la conclusión de que la reciente reforma, acordada por los dos grandes partidos, no sirve en absoluto, por lo que tendremos que ir pensando en la conveniencia de clausurarla (y algo semejante hay que decir de las televisiones públicas autonómicas). En segundo lugar, hay que reconocer que, ante un acuerdo tan exótico -por la razón apuntada-, que deposita en una institución sin ánimo de lucro proveniente de la iniciativa privada una responsabilidad institucional tan importante, tienen perfecto derecho los diferentes medios a discrepar de la solución adoptada y, como es el caso ya anunciado de Telecinco, a desentenderse de la iniciativa. Finalmente, es claro que hay que aprovechar esta experiencia para institucionalizar los debates futuros. De cualquier modo, es muy satisfactorio que, a pesar de la tensión reinante, hayamos resuelto esta vez una anomalía grave de nuestro modelo democrático.