Una ley

LA CONVENIENCIA o no de que el teatro disponga de una ley específica es un debate histórico, azuzado en los últimos tiempos por la Asociación de Directores de Escena (ADE), que ha llegado a elaborar un borrador y consigió hace un año el apoyo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para presentar una proposición no de ley al respecto, rechazada por el resto de los grupos. Frente a la ambigüedad o, sencilla-mente, el desinterés de los partidos políticos sobre el asunto, la mayoría abrumadora de las asociaciones profesionales, con la excepción de la ADE, se ha mostrado contraria a la redacción de una Ley, apoyando como alternativa la puesta en marcha del consensuado Plan General de Teatro recientemente finalizado. El temor a que una Ley sea papel mojado y la compleja realidad competencial del país, en la que el Ministerio se ve impotente para ejercer de coordinador o árbitro en una materia como la cultura, dependiente ya en su práctica totalidad de las administraciones autonómicas, aconsejó esta segunda opción. El debate, pese a todo, se mantiene, con el sigilo público que acostumbra a provocar en este país cualquier cosa que no sea la vida sentimental de Paquirrín o el traje de novia de la Esteban. Así, por ejemplo, el pasado jueves, la consejera de Cultura de ésta, nuestra comunidad, anunció la redacción de una Ley de Artes Escénicas para Castilla y León con tal alegría que llegó a comprometerse a que ésta sería la primera legislación autonómica en la materia, promesa muy difícil de cumplir cuando la comunidad autónoma de Valencia ya aprobó en febrero del pasado año su propia Ley de Ordenación del Teatro y de la Danza. En una comunidad tan dada a la ocurrencia como la nuestra, esperemos que tal anuncio no pase de ser un objetivo de medallismo político.