Presidencialismo y arbitrariedad

EXPLICABA Ramoneda que el poder es, sobre todo, arbitrariedad y, en ocasiones, osadía. El poderoso lo es porque toma decisiones inesperadas, asombrosas, contradictorias. Pero -habría que añadir- la democracia consiste en limitar esa arbitrariedad, en poner en sintonía las decisiones políticas con la voluntad general formada reglada y serenamente y, en definitiva, en tasar los márgenes de discrecionalidad del poderoso de forma que el administrado se beneficie de la seguridad jurídica, que, convenientemente tutelada por el poder judicial, ha de ser el marco inalienable de la libertad personal. El parlamentarismo, sistema en que la sociedad elige a sus representantes y éstos, en elecciones de segundo grado, al jefe del Gobierno, es el régimen más apropiado para cumplir aquellos designios. Quien preside el Gobierno está teóricamente sujeto a la voluntad de los que lo han aupado, en su propio partido y en su grupo parlamentario, aunque al mismo tiempo ostenta el poder indirecto de controlar el «aparato» partidario, que es el que confecciona las listas electorales cerradas y bloqueadas, es decir, el que aúpa o posterga a sus conmilitones, algo así como el dueño feudal de su vida y su hacienda. La experiencia demuestra que estos equilibrios de los sistemas parlamentarios otorgan al jefe del Gobierno y, en general, al líder de los grandes partidos un poder exorbitante, cuasi presidencialista, que le permite hacer y deshacer a su antojo, esto es, ejercer la arbitrariedad a su gusto. Y así, Zapatero ha tomado en la formación del último Gobierno decisiones opuestas a la lógica de la situación, a la expresión de la voluntad colectiva, incluso a la propia coherencia de partido. Miguel Sebastián, por ejemplo, tuvo enfrentamientos con quien es ya su jefe orgánico y directo, Pedro Solbes, y fue además severamente desechado por el electorado madrileño en las elecciones municipales. Magdalena Álvarez fue reprobada por la Cámara Alta, con razón o sin ella. Y, en general, Zapatero ha recurrido más a independientes que a militantes de su disciplinado partido, algo que ha debido molestar a quienes tienen aspiraciones políticas y se han adscrito a la obediencia socialista. La teoría de la circulación de elites, en las que los candidatos van desplazando a sus mayores a medida que acumulan saberes y experienc ia, ha quedado arrasada por la realidad. Los teóricos de la ciencia política coinciden en que el elemento más perverso de nuestro modelo es el sistema del as listas cerradas y bloqueadas, que fortalece en exceso al aparato partidario y deja inerme al aspirante político, que no tiene ocasión de reclamar adhesiones si no goza de la aquiescencia de su formación. Pero no hay unanimidad sobre cómo liberar al régimen de tal constricción, ni siquiera sobre si hay o no posibilidad de hacerlo sin desnaturalizar el dibujo constitucional. Sea como sea, siempre cabe propugnar avances en el terreno de la ética, de la moral pública. Los líderes tienen la obligación de buscar en todo momento, además del bien común, el acomodo del proceso político a la voluntad general. Y aunque ésta siempre termina imponiéndose a la larga, no es razonable burlarla ocasionalmente mediante regateos autoritarios.