Los vándalos

NO voy a referirme al pueblo que procedente del norte de Jutlandia, en el año 406 vadeo el Rin y penetro en las Galias y posteriormente en Hispania asolando todas las ciudades que encontró su paso. No. Voy a referirme a los vándalos modernos. A esos que impregna- dos de un espíritu de devastación y destrucción no respetan cosa alguna en las ciudades modernas. A esos cuya «manía» de marcar las ciudades, esta proliferando en León de forma, que a mi me parece alarmante. Voy a referirme hoya ese acto del mas puro vandalismo que conocemos como «pintada». Si nos damos una vuelta por la ciudad, a nada que nos fijemos, veremos como cabinas telefónicas, marquesinas de autobús, indicadores, señales de tráfico, contenedores, zonas infantiles, bancos, fuentes ornamentales y sobre todo muros y fachadas de edificios públicos y privados, incluidos los de interés histórico, aparecen embadurnados por absurdos garabatos, llamados pintadas, sin que al parecer y dada su proliferación y permanencia, ninguna administración pública tome medida alguna. Desconozco si la ciudad de León cuenta con una Ordenanza Municipal que regule la forma de combatir o paliar esta lacra urbana. Si cuenta con ella, a la vista esta que no se aplica, y si no cuenta, debería dotarse cuanto antes de la misma, al igual que han hecho la inmensa mayoría de ciudades españolas. La proliferación de las pintadas y su permanencia, dan una imagen de desidia. He leído que el Ayuntamiento de León, preocupado por nuestra salud, organiza un curso para que dejemos de fumar. Bien podría hacer algo, para que la banda de «pintores» que nos invade, abandonara los botes de spray que tanto dinero puede suponer para el contribuyente y que tanto afea nuestras calles y plazas. Me he tomado la molestia de ver lo que hacen en otros lugares, y así he visto por ejemplo, que en Aragón, nada menos que el Justicia Mayor, el equivalente a nuestro Defensor del Común, ante la proliferación de pintadas, ha emitido un comunicado a los Ayuntamientos aragoneses sugiriéndoles medidas de coordinación, vigilancia y sanción, combinadas con las de limpieza. Un importante municipio manchego ha instalado videocámaras de vigilancia en un gran número de calles y plazas, herramienta que se ajusta a la legalidad, y tiene como objetivo «evitar el vandalismo contra los bienes públicos y privados», al tiempo que sirve para proteger al ciudadano contra la delincuencia común y permiten esclarecer delitos contra las personas. La inmensa mayoría de municipios, de los que cuentan con Ordenanza de limpieza, que contemplan las «pintadas», distinguen entre estas y los grafitis, siendo, no obstante, norma común, prohibir toda clase de pintadas en la vía pública, tanto en elementos estructurales, calzadas, aceras y mobiliario urbano, como sobre muros y fachadas, permitiéndose «las pinturas de carácter artístico realizadas sobre vallas de solares, siempre que tengan la autorización del propietario». Pero toda esta normativa sería papel mojado, si luego no se hace cumplir. Por ello, he visto que en multitud de municipios, la Policía Municipal vigila para que estas ordenanzas se cumplan al máximo. Identifica y sanciona a los vándalos. Algunas entidades locales tienen un registro de «pintores» y otras han pedido ayuda a la Fiscalía, en un intento de atajar el problema y poner fin o al menos coto al vandalismo. Algunas fiscalías, han contactado con los Departamentos de Juventud de la Comunidad Autónoma correspondiente, y han instaurado programas para restaurar los daños, mediante tareas socioeducativas de prestación de servicios a la comunidad, y todo ello sin olvidar, que muchas de las actuaciones de estos vándalos pueden llegar a tener una respuesta penal, si atentan contra el patrimonio histórico artístico, tal y como dispone el Código Penal en su art 323, cuya aplicación prevé penas de 1 a 3 años de arresto. Así mismo el delito de daños, previsto en el art 263, sanciona estos actos con multas y penas de 6 a 24 meses. Y por último, «las pintadas», en la inmensa mayoría de los casos, constituyen una falta contemplada en el art. 626 del citado Código por la que la Fiscalía puede solicitar de 2 a 6 días de localización permanente o de 3 a 9 días de trabajos en beneficio de la comunidad, siendo de destacar que cuando los vándalos son menores de 14 años, la responsabilidad recae en los padres. Con estas «armas», intensificando la vigilancia, identificando autores, levantando atestados, imponiendo sanciones y pidiendo la colaboración ciudadana, se puede atajar el mal. ¿Pero se hace algo de esto en León? Me temo que no. Y si no es así, creo que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento debe tomar medidas como estas o parecidas. Todo menos seguir mirando para otra parte.