Falta de democracia interna

EL RÉGIMEN político español pertenece indudablemente a esta reducida y selecta categoría de democracias maduras e impecables que forma una casta privilegiada en el mundo. Pero esta evidencia no exime de reconocer una vieja carencia que afecta gravemente a la representación política y que, si bien no llega a desfigurar el modelo, lo llena de inconvenientes: la falta de democracia interna de los partidos políticos. Los partidos, quizá a causa de la penosa excepcionalidad autoritaria del franquismo, tienen en nuestro sistema un cuidado encaje constitucional. El título preliminar de la Carta Magna declara que «los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política». Pero este mismo artículo sexto, tras declarar la libertad de creación y ejercicio de tales formaciones, impone un requisito: «su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». Es obvio que este mandato es frecuentemente incumplido, o deformado mediante innumerables subterfugios. Los preparativos del próxi mo congreso del Partido Popular -que constituyen el ejemplo más cercano aunque ni mucho menos puede culparse a este partido en exclusiva de violar las normas- evidencian la malformación. La elección de delegados se ha hecho con gran opacidad, sin los mínimos requisitos de concurrencia y hasta por simple proclamación. Las candidaturas deben ir respaldadas por el 20% de los delegados -es decir, por una seiscientas firmas-, que además sólo pueden apoyar una candidatura, lo que cierra el paso a cualquier tentativa que no posea de antemano una relevancia extraordinaria. Además, el proceso, bien tutelado por los «barones» y por los «aparatos» se plantea en términos de lealtades personales, lo que tiene un claro efecto disuasorio ya que quien no respalde al vencedor recibirá el anatema de la organización, y será objeto de marginación. Así las cosas, es muy probable que Esperanza Aguirre haya de frenar sus legítimas aspiraciones porque la adhesión a Mariano Rajoy es tan exhaustiva que no deja lugar a ninguna otra. Este planteamiento plebiscitario de un congreso ordinario está, evidentemente, en las antípodas de la democracia interna, aunque cumpla los requisitos formales. E n realidad, estos procedimientos viciados son la consecuencia de un excesivo poder de control de los aparatos de los partidos sobre la militancia, consecuencia de la ley electoral: la posibilidad de la dirección de los grupos políticos de confeccionar las listas electorales a su antojo pone la vida y la hacienda de los políticos profesionales en manos de sus jefes. La participación del electorado en la selección política natural es casi nula. Es probable que la reforma de la ley electoral facilitase una verdadera democratización interna de los partidos. Sin embargo, la mejor manera de conseguir el objetivo es procurarlo lealmente, someterse y empujar a la organización al contraste de las urnas. Rodríguez Zapatero se consolidó rápidamente gracias al hecho de haber vencido en un congreso al que concurrían cuatro candidaturas y en el que él mismo no era el favorito. Tampoco tiene sentido que sectores del PP intenten suplir la falta de democracia interna con unas primarias para seleccionar al candidato antes de 2012. La democracia semidirecta -la que consiste en elegir representantes para que tomen decisiones- es mucho más perfecta y depurada que el asamblearismo que se trama, y que bien poco ha aportado al sistema de partidos de este país.