Bolivia en la encrucijada

LA DERECHA sólo respeta la legalidad cuando le favorece. La historia de Latinoamérica lo ha demostrado mil veces. El referéndum autonómico de Bolivia es sólo la punta del iceberg. Esta consulta inconstitucional organizada por las autoridades departamentales de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamiento de la legitimidad de la autoridad del gobierno democrático de Evo Morales, donde la cuestión de la autonomía es tomada como el eje vertebrador de una contestación anticonstitucional del mandato que ejerce el presidente de la nación boliviana. La propuesta secesionista que hacen estas autoridades departamentales trasladaría facultades irrenunciables del gobierno central a la administración local: entre las 44 competencias que pretenden arrogarse destacan la administración de los recursos naturales, el manejo fiscal, el reparto agrario, el control del transporte por carretera, ferrocarril, aéreo y fluvial, el mando de las telecomunicaciones y hasta la vigilancia aérea mediante radares, así como la salvaguarda del orden público, que en el orden constitucional boliviano corresponde al gobierno central. Este «referéndum» sui géneris está controlado por autoridades electorales autonomistas, administrado por una empresa privada contratada por los autonomistas, vigilado por observadores autonomistas y cubierto por medios de comunicación que llaman abiertamente a apoyar la autonomía departamental. Es como si en España, Ibarretxe contratara a una empresa filial de ANV para administrar el referéndum del País Vasco, y lo vigilaran observadores de Herri Batasuna. Inmediatamente el juez Garzón decretaría la detención y prisión incondicional, no sólo de Ibarretxe, sino de todos los participantes. Si esta medida del juez Garzón, que aquí los medios de comunicación alentarían y celebrarían como un triunfo de la democracia sobre el terrorismo secesionista, lo llevara a cabo el gobierno boliviano ¿qué dirían esos mismos medios de comunicación? Durante quinientos años nadie se había preocupado por Bolivia y la suerte de su población explotada y sometida por una oligarquía criolla minoritaria, apoyada por las multinacionales norteamericanas y europeas. De repente, cuando llega a la presidencia un gobernante que representa a la población más excluida y que propone repartir las riquezas equitativamente y con justicia, de tal forma que llegue a todos los sectores de la población, esa oligarquía se alza en armas. La estrategia que utiliza es clara. Obedece a dos propósitos: por una parte, la urgencia de las derechas racistas bolivianas, criollas y blancas en su mayoría, por deshacerse de un presidente indígena, progresista y comprometido con las transformaciones sociales que el país sudamericano necesita con urgencia; por el otro, el interés de los grandes conglomerados transnacionales por recuperar el control sobre los recursos naturales bolivianos, control que les ha sido arrebatado con justicia y en forma paulatina por el gobierno que encabeza el presidente Evo Morales con el propósito de restituirlo a la soberanía de la nación. Pero lo más grave es que lo que se persigue con esta estrategia sediciosa es el estallido de la violencia, un objetivo parcial en la escalada de los perdedores de las últimas, limpísimas elecciones presidenciales y de la Asamblea Constituyente en Bolivia. Lo que persiguen realmente no es la autonomía de Santa Cruz de la Sierra ni de los departamentos sudorientales del país en su conjunto (entre los cuatro departamentos denominados «de la media luna», Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, concentran el 44% del PBI del país), sino restaurar el orden previo al derrumbe del sistema político vigente en el país hasta la victoria del MAS de Evo Morales. La autonomía sólo se agita para decir que «nadie que esté gobernando en La Paz que no seamos nosotros podrá gobernar esta mitad de Bolivia». El problema es que el partido gobernante, el MAS de Evo Morales, ha llegado al gobierno, pero no tiene el poder económico que siguen controlando las oligarquías y las multinacionales norteamericanas y europeas que dictan sus propias normas. Precisamente de eso se trata. El egoísmo económico es el paraguas que cubre el conjunto de las demandas de las elites políticas desplazadas por el ascenso electoral del MAS y sus fuerzas aliadas y de las clases dominantes que temen que las reformas impulsadas por Evo cobren carácter duradero y permitan la emergencia de un nuevo consenso que haga definitivo su desplazamiento. Significativamente, los resultados de este domingo revelaron una alineación de clases: mientras los grupos pudientes y medios se volcaban por el sí, los sectores pobres y mayoritarios optaron por la abstención, por el voto en blanco o, en algunos sectores, por el rechazo activo a la realización del referendo. En Bolivia se invierten los términos respecto a España: la defensa de la soberanía y de la integridad nacional corre a cargo de las clases populares, mientras los acaudalados hacen causa común con las multinacionales para propiciar el debilitamiento del Estado y crear condiciones favorables al saqueo de los recursos naturales de este país. Aunque carece de validez legal, la votación del domingo deja dividida a la provincia en la que tuvo lugar y abre la perspectiva de una inestabilidad de largo aliento en la nación andina. Se sabía: el acoso al gobierno progresista e independiente de Evo Morales está en curso, y el referendo ilegal y antidemocrático realizado por los oligarcas cruceños es apenas uno de los primeros actos de la ofensiva. El dilema actual de Evo y el MAS consiste en saber si se puede frenar a la derecha haciéndole concesiones o es preferible confrontar y avanzar en el proceso. La respuesta es compleja pues el gobierno boliviano no es homogéneo. Está tironeado entre dos polos: la opción de los consejeros moderados (donde se inscriben algunos funcionarios de la vieja clase política, hoy devenidos progresistas, y algunos académicos que han acompañado el proceso) y la opción de sus militantes y bases sociales más radicales. Estos últimos proponen avanzar en el proceso de reformas hasta quebrar el pacto implícito que maniata al gobierno y lo va debilitando lentamente. Si esta opción terminara predominando, Evo debería no sólo profundizar el enfrentamiento con la «Medialuna». También debería imponer el control de precios para frenar la inflación creada artificialmente y acelerar el control total y no sólo parcial de los recursos naturales. Los pueblos postergados, humillados, explotados, están a la expectativa. Bolivia vive horas decisivas. El desenlace repercutirá en toda la región, desde Venezuela hasta Argentina. Cabe hacer votos porque el pueblo boliviano y sus dirigentes logren sortear con éxito las maniobras que se avecinan y logren, a pesar de ellas, sacar a Bolivia del estado de dependencia, atraso, desigualdad y miseria en el que la ha sumido la alianza tradicional entre los ricos locales y los ricos de fuera.