El IBI, la deuda y la mala uva

HA DESCENDIDO de categoría el baloncesto masculino local, y la Cultural y Deportiva Leonesa no logra encontrar remedio a sus enquistados problemas de falta de erección. Pero no todo desciende o se mantiene con aflicción en esta ciudad mesopotámica y mesoférrica. Sube el IPC anual (4,5%), el número de presos, la cesta de la compra, el combustible, las tarifas eléctricas... y más que subir se dispara el Impuesto de Bienes Inmuebles, alcanzado en su ascenso la primera división del «ranking» nacional en esta tributación. Por todo ello, siempre negativo y nada positivo para sus sentimientos y bolsillo, anda el leonés capitalino también subido de tono, con una mala uva que espanta. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), conviene puntualizar, es un tributo directo que grava el valor de los bienes urbanos o rústicos en los términos establecidos por la ley, pagadero, hasta ahora, una vez al año (ahora, con la subida, en un acto de extrema generosidad consistorial, se da al contribuyente la opción de pagarlo en dos cómodos plazos). Es la tasa que popularmente se conoce como el «recibo de la contribución». Sometido a leyes generales y regulado por ordenanzas municipales, a quien corresponde recaudarlo es a los ayuntamientos y pagarlo a los propietarios. La base imponible del piso, la casa, local, etcétera es el valor catastral asignado al inmueble conforme el valor del suelo y las características de edificación. Los ayuntamientos pueden modificar los tipos de gravamen de este impuesto según una cuota íntegra aplicable a la base imponible, que va de un mínimo del 0,4% al 1,10%. La ley contempla toda una batería de exenciones. Entre estas últimas destacan las que gozan las familias numerosas (60%, 70% y 80% de exención según el número de hijos), o aquellos edificios con tecnologías de energía solar. Incomprensiblemente, la batería de exenciones no toma en consideración a las familias con derecho de acogida a la Ley de Dependencia; ¡señora Valcárce, paisana nuestra!, ¿cómo se le ha escapado este detalle? ¿Por qué el Ayuntamiento de León ha modificado el impuesto del IBI, según un acuerdo adoptado en el Pleno del día 28/12/2007 y que se contiene en el Boletín Oficial de la Provincia nº 250 del 31/12, aumentando el tipo vigente del 0,625% al 0,79%? ¿Por qué no se ha limitado a incrementarlo moderadamente de acuerdo con el IPC? ¿Ha acontecido en la ciudad alguna desdicha inconmensurable, desgracia irreparable o catástrofe natural (terremoto, tifón, riada, incendio, etcétera) que promueva y justifique una derrama tan excepcional? No. Entonces ¿cual es la/s causa/s? Pues, porque las arcas municipales están «in puris naturalibus», esto es, sin «tela» para cubrir un descubierto de las arcas municipales de alrededor de ¡trescientos millones de euros! y evitar así el colapso en los pagos. Sin embargo, pese a la descomunal subida, el dinero que va a generar el aumento del impuesto, según los propios portavoces municipales, rebajará la deuda solamente entre seis y diez millones de euros. Poca cosa, pues, y con indudable efecto negativo en el consumo. Al disponer de menor poder adquisitivo: menos libros, peluquería, espectáculos, restaurantes, etcétera. El llamado efecto dominó. ¿Y el resto de la deuda? Pues habrá que seguir implorando a la Virgen del Camino y a San Froilán para que los acreedores nos la condonen. Andan circulando por la ciudad impresos que invitan al contribuyente a un Recurso de Reposición contra la subida del IBI, a instancia de la Asociación Cámara de la Propiedad Urbana de León y Provincia. ¿En qué se argumenta esencialmente? Pues, aunque el acuerdo de subida se contiene en el BOP nº 250 y está fechado en su portada el día 31/12/2007, la publicación efectiva de este BOP no se realizó hasta el 3 de enero de 2008, por lo que el tipo vigente del impuesto a fecha 1 de enero de 2008 era el 0,625% y no el 0,79% como se pretende imponer. En caso de prosperar este recurso -alentado por los partidos políticos no ganadores en las últimas elecciones municipales-, se conseguiría como máximo aplazar la subida del impuesto y, ante la falta de liquidez actual, que algún proveedor del Ayuntamiento tenga que clausurar su negocio. No seré yo quien me meta en triquiñuelas legales, ni me oponga a esta medida de protesta contra lo que estimo desafuero del actual equipo de gobernación local. Nada más sencillo ni menos imaginativo para recabar dinero que hacerlo gravando inmuebles. Se le ocurriría incluso a personas con pobre coeficiente intelectual. Pero, más exigente que recurrir, me parece previo y más urgente pedir cuentas a quien hoy las tiene en su poder y goza de la potestad de publicarlas. No hacerlo sería un acto de cobardía o, en su defecto, algo más grave, un pecado de connivencia con los generadores de la deuda. ¿Cómo es posible que haya ido engordado un débito hasta llegar a cifra de tal calibre? Simplemente, porque si se hubiera contado con el ciudadano a la hora de emprender gastos que sobrepasan los fondos disponibles como sería preceptivo en una democracia auténtica o en la simple economía doméstica , esa deuda no se hubiera producido, al menos en la cuantía sobrevenida al día de hoy con algún más que posible beneficiado por el camino. En vez de limitarse a acusar a sus predecesores del desafuero contable, si hubiese un mínimo de respeto hacia el ciudadano, los actuales responsables del gobierno deberían revelar con todo lujo de detalles la naturaleza de la deuda acumulada. En otras palabras, el actual gobierno tiene la obligación ineludible de informar al contribuyente de quiénes son los acreedores (personas físicas, entidades, empresas, organismos, etcétera), y a cuánto asciende su respectiva demanda. Si el dinero público es de todos, las deudas públicas también. Pero, asimismo, sin dejar al margen ningún pormenor, deberá informársenos de cómo, cuándo y, sobre todo, quiénes, con sus nombres y apellidos, han protagonizado la gestión que ha dado lugar a tal endeudamiento. Incluido, por supuesto, el incremento de la plantilla municipal, al parecer, la madre del cordero o causa principal del desmadre económico. Es indispensable saber, queremos saber todo ello porque pagamos y para seguir confiando, desconfiando o repugnando en la clase política que nos gobierna y nos ha gobernado. Si hemos padecido y luchado contra una dictadura que era la negación del hombre por el hombre, vemos con infinita amargura, que en cuestión de contar con la ciudadanía, la democracia vigente es inadecuada, o sea lo mismo. Algo así como que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre; el comunismo, lo contrario. Uno ya no cree ni en lo que es evidente. Pero aún no nos resignamos a que nuestro papel público se limite a oír, votar y pagar. No hay ninguna garantía que nos lleve a confiar en que el actual equipo de gobierno local no gestione el peculio público con el mismo celo derrochador que los anteriores. Digo esto porque hace pocas semanas escuché a un responsable municipal expresar en privado encendidos elogios hacia un colega anterior, según él no sé si dicho real o metafóricamente, extraordinariamente bien dotado, pero según otras bocas, a expensas de ser cierta la exacerbada masculinidad, con incontestable responsabilidad en la municipal deuda contraída. Pese a que no había presupuesto aprobado, el interventor accedía acojonado a la demanda del superdotado, sacando como un prestidigitador dinero de la manga, o sea, engordando la deuda. ¿Seguirá habiendo concejales superdotados e interventores acojonados en el actual equipo de gobierno municipal? Dios no lo quiera. Con ediles normales, honestos y eficientes, e interventores que no se acojonen nos conformamos, al menos un pagano de mala uva como yo.