Solbes encauza la financiación autonómica

«EL VICEPRESIDENTE Solbes está conduciendo con su proverbial y socarrona habilidad el arranque de la difícil negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Como es natural, «el objetivo (del nuevo sistema de financiación) -dijo Solbes ante todos los consejeros de Economía- es que todos los ciudadanos tengan igual acceso a los servicios públicos fundamentales». Para asegurar tal igualdad, un fondo del Estado compensa a las comunidades autónomas cuyos ingresos no cubren tales gastos. El criterio es inobjetable, pero ahí radica precisamente la discrepancia entre Cataluña (secundada por Baleares) y las demás comunidades: Cataluña cree que es injusta la garantía de igualdad total y pide que el Estado limite la aplicación de este fondo de solidaridad a salud, educación y asuntos sociales, lo que reduciría la aplicación del fondo estatal a entre el 65% y el 75% de los gastos; lógicamente, las autonomías que más se benefician de la situación actual se oponen a cualquier reforma, pero es evidente que estamos ante discrepancias negociables porque no encierran una controversia ideológica irreductible. Todo indica que la solución final estará a medio camino entre la propuesta catalana y la situación actual. Quedaba pendiente de resolver el problema de la bilateralidad, consagrada por el nuevo Estatut. Como es lógico, el reparto de la tarta -cuyo límite, impuesto por Rodríguez Zapatero, es el 50% de los recursos públicos disponibles- que corresponde al conjunto de las autonomías (salvo los territorios forales) ha de acordarse en un marco multilateral. Las restantes comunidades no aceptarían que Cataluña negociase «lo suyo» directamente con Madrid. La simplicidad de los desarrollos políticos cuando cunden la flexibilidad y la cordura es una premonición de lo que asimismo podría hacer el TC con los recursos presentados contra el Estatut, con las facilidades que ofrecen el lenguaje forense y la habilidad jurídica de quienes en este caso han de aplicar el Derecho: una sentencia interpretativa podría fácilmente salvar por elevación ciertas incongruencias internas del texto estatutario sin necesidad de dramatizarlas ni de suscitar un grave problema político. Así las cosas, y dada la sensibilidad que había creado este problema, la puesta en marcha de esta negociación era inaplazable -a pesar de los buenos argumentos de Felipe González para oponerse a ello-, aunque no es seguro que pueda haber concluido el 9 de agosto, la fecha estatutariamente prefijada. Una vez encauzado este asunto, que ya comienza a reseñarse con escaso realce hasta por la propia prensa catalana, habrá que cambiar el objeto de la preocupación general: una vez decidido cómo gastar los recursos disponibles, tendremos que centrar la atención en cómo conseguirlos, ya que la desaceleración económica que estamos viviendo incidirá sin duda muy negativamente en la recaudación fiscal. Esta evidencia ha de ser una razón más para la flexibilidad de las posturas en las negociaciones sobre la financiación, en la que la defensa de los propios intereses ha de compatibilizarse a la fuerza con el sentido de la solidaridad que está en la base de nuestras propias convicciones constitucionales.