El transporte

ERA ayer el tercer día de conflicto en el transporte, y el Gobierno emergió de una discreción apaciguadora para imponer su autoridad, que ya empezaba a echarse en falta. El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba es algo más que titular del departamento de Interior; es en sí mismo el «think tank» que ofrece toda suerte de soluciones a La Moncloa, y en esta ocasión, y después de dejar que la opinión pública e incluso la mayoría de los transportistas expresaran su juicio negativo sobre la actitud de las organizaciones en paro patronal, se dirigió a la sociedad para tranquilizarla y anunciar que 25.000 policías y guardias civiles estaban desplegados en las carreteras para imponer el orden público, garantizar la movilidad de los ciudadanos y evitar que los transportistas en paro impidieran el transporte a quienes desearan trabajar. Como era previsible, dada la iracundia con que los piquetes pretendían la paralización del transporte de carretera, con intimidaciones, violencia destructiva y hasta el presunto incendio de un camión del que su conductor logró salir con quemaduras graves, en el conflicto apareció una muerte, la de un miembro de un piquete al que arrastró una furgoneta durante varios metros. Pero a los transportistas en paro no les ha servido este triste suceso para reforzar sus reivindicaciones con el peso emocional de una víctima, pues es bien sabido que los piquetes violentos son ilegales, y así lo recordó el ministro al advertir que va a emplearse contra ellos «la máxima firmeza». Y esa firmeza la explicó en tres palabras: sanciones, multas y detenciones. A primera hora de la tarde había cincuenta y una personas detenidas, y a los camioneros más renuentes a despejar las carreteras les habrían insinuado algunos guardias civiles la posibilidad de perder durante tres años el carné de conducir, lo que equivaldría a que a un médico se le quitase el título de licenciado en Medicina. En el ministerio de Fomento siguieron durante ayer las negociaciones, pero el veinte por ciento del sector que mantiene el paro se negaba a firmar las cincuenta y cuatro medidas que ofrecía el Gobierno porque no estaban contempladas famosas tarifas mínimas. Pero la solución, si no se hubiera alcanzado en la tarde de ayer, se alcanzaría hoy, dado que esos transportistas minoritarios ni reciben empatía del resto de su propio sector ni ven en la sociedad más que rostros realmente enojados contra ellos. Han conseguido, eso sí, que la situación económica del país, notablemente deteriorada, se refleje en unas imágenes de furia sectorial, destrozos e incidentes hasta con simples turismos.