Suma y sigue

LO DE Estepona ha sido como lo de la pe lícula de Berlanga Todos a la cárcel (1993), pero sin ninguna gracia. Veinticinco detenidos en una primera tacada por haber incurrido en presuntos delitos derivados de la corrupción municipal. En este caso, en el ámbito de actuación del mencionado ayuntamiento de la Costa del Sol. Además de empresarios y funcionarios implicados en un caso típico de concesiones a cambio de dinero por debajo de la mesa, hay políticos, empezando por el alcalde, Antonio Barrientos. Sí, señor, el mismo que se felicitaba no hace mucho tiempo por la limpieza policial y judicial de la corrupción urbanística en Marbella, con el famoso José Antonio Roca, como supuesto cerebro de aquella trama. Fue entonces cuando el hoy detenido alcalde de Estepona dijo aquello de que «a cada cerdo le llega su sanmartín». Vaya, vaya. El recuento es desalentador. Si echamos la vista a los dos o tres últimos años, al menos una docena de alcaldes -o ya ex alcaldes, a causa de sus reprobables conductas-, y un presidente de Diputación, aparecen implicados en casos de corrupción perpetrada desde los gobiernos más próximos al ciudadano. Yagüe (Marbella), Valido (Telde), Hidalgo (Andratx), Torrejón y Piñeiro (Ciempozuelos), Martín Serón (Alhaurín el Grande), Fabra (Castellón), Escudero (Los Alcázares), González (Mogán), etcétera. Me abstengo de colgarle la insignia de sus respectivos partidos políticos porque el mal va por barrios y la corrupción no entiende de fronteras ideológicas. Aquí nadie puede tirar la primera piedra y es bueno que la opinión pública lo sepa. Pero, además de saberlo, los ciudadanos tienen el derecho a exigir a los partidos políticos, como cauces de acceso a los cargos públicos, la máxima diligencia a la hora de poner fuera de la circulación a quienes traicionan la confianza de los votantes en los procesos electorales. En ese sentido, son de aplicación dos doctrinas. La de la «tolerancia cero», defendida por el PSOE, presume de expulsar inmediatamente a quien aparece implicado en casos de corrupción. Y la de la «presunción de inocencia», patrocinada por el PP, consiste en no actuar contra los cargos públicos adscritos a su partido sin que los jueces hayan dicho la última palabra. Las dos recetas tienen ventajas e inconvenientes. Pero al margen de las decisiones que tomen los partidos puertas adentro, de momento nos felicitamos del alto nivel de eficacia demostrado por la Policía Nacional (Udyco) y la Fiscalía Anticorrupción, dos instrumentos del Estado de lucha contra la delincuencia.