Un acto de justicia La soledad del PSOE Coste-beneficio

LA PROPUESTA del PSOE de extender a los inmigrantes no comunitarios el derecho a participar en las elecciones municipales como electores y elegibles creo que merece uno de esos consensos de Estado a los que tan dispuestos parecen ahora Zapatero y Rajoy. La distancia sideral que hace unos años mantenían en materia de inmigración se ha ido acortando, en parte por la renuncia del presidente del Gobierno al buenismo de «papeles para todos» con que llegó por primera vez a Moncloa, pero también por la renuncia de Rajoy a mantener la estrategia del no a todo de la anterior Legislatura. Si para algo ha servido el fallido pleno sobre la crisis económica de esta semana creo que ha sido para certificar el final de la crispación. Las puyitas entre ambos continúan, como es natural entre partidos distintos. Pero ambos parecen conscientes de que el nuevo escenario que se abre en el mundo, los retos de nuestro tiempo, necesitan de líderes capaces de dialogar La inmigración es uno de esos retos, como el agua, o el hambre, o la pobreza, o la energía. Y para afrontarlos con posibilidades de éxito hay que hacer política con mayúsculas y anticipar las respuestas a los problemas. España ha cambiado mucho en muy pocos años, ahora somos un país que acoge inmigrantes en vez de exportarlos, y los principios de que inmigración debe ser ordenada y adecuada a las posibilidades de trabajo del país, y su regulación fruto de un acuerdo entre los socios de la UE en vez de unilateral, ya no son motivo de polémica entre los socialistas y los populares. Tampoco debería serlo la extensión del derecho al voto a aquellos inmigrantes con residencia legal y estable entre nosotros que todavía no pueden hacerlo, sin más requisito que el de la reciprocidad, ya que de lo que estamos hablando no es de una concesión gratuita sino de la extensión de un derecho que los inmigrantes de los países miembros de la UE ya disfrutan desde hace varios años. Hablamos mucho de que los inmigrantes tienen que integrarse, y el derecho al voto es la columna vertebral de las sociedades democráticas, lo que más integra a una persona en un país es poder elegir a sus representantes políticos y poder optar a serlo. La legislatura del 9-M lleva tanto retraso por los congresos de los partidos que en realidad no va a empezar con toda su fuerza hasta después del verano; pero sería un buen augurio que empezase con un acto de justicia a quienes ya son, a todos los efectos, unos de nosotros. EL TRATAMIENTO parlamentario de las crisis económicas tiene un guión invariable que también se siguió el pasado miércoles, en el Congreso de los Diputados, durante la comparecencia del presidente del Gobierno: el responsable del Ejecutivo, aun reconociendo la gravedad de la coyuntura, no puede aceptar la negrura de la situación, debe ofrecer terapias que en la mayor parte de los casos son poco eficaces porque el problema es en lo fundamental externo, tiene que intentar generar confianza y esperanza... y ha de someterse a la crítica despiadada de toda la oposición, que cumple así con su obligación estimulante pero además aprovecha la circunstancia para desgastar a la mayoría e incrementar su popularidad y sus oportunidades futuras. Todo discurrió, efectivamente, según este esquema. Rodríguez Zapatero expuso con suficiente claridad la situación, que es preocupante; mostró las causas de la crisis, que en gran medida son exógenas; refirió las medidas adoptadas y en proyecto sin aportar novedades, y abogó por un cambio en el modelo de crecimiento, que ha de deslizarse desde el que acaba de periclitar, basado en la construcción y en la demanda interna, hasta otro mucho más moderno que se sustente sobre los pilares de la productividad y la demanda exterior. PP y CiU convinieron en esta necesidad de evolución de nuestro sistema socioeconómico, pero acusaron al Ejecutivo de minimizar el alcance de la crisis y de no haber tomado todas las medidas adecuadas. Es probable -habrá que aplazar el juicio definitivo a más adelante, cuando se conozcan todas las actuaciones gubernamentales- que acierten los críticos que aseguran que falta impulso para luchar contra inflación en lo que a nosotros nos concierne -ese eterno diferencial de en torno a un punto que nos separa del promedio europeo-, para liberalizar los sectores todavía intervenidos, para estimular la competencia y para flexibilizar el mercado de trabajo. Cabe imaginar que Economía sea sensible a estas críticas -que provienen también del Banco de España-. Pero en realidad todos somos conscientes de que el principal problema genuinamente hispano -y de Irlanda y Dinamarca, en Europa, países que están en una tesitura parecida-, es el estallido de la burbuja inmobiliaria, que acunaron de la mano y sucesivamente PP y PSOE sin dar muestras de la menor inquietud por el peligro que entrañaba aquel insoportable recalentamiento. Zapatero, hábilmente, desvió el debate técnico hacia parajes políticos: no hay una sola fórmula frente a la crisis sino dos: la socialdemócrata y la conservadora. En cualquier caso, el discurso más ecuánime fue el de Durán i Lleida, quien hizo un buen diagnóstico, postuló unas recetas adecuadas que van al fondo del problema y brindó al Gobierno el apoyo que evidentemente necesita. Parece que sectores económicos e intelectuales del PSOE estarían postulando una política económica alternativa basada en el viejo keynesianismo: incrementar significativamente la inversión productiva con cargo al déficit público para reactivar la economía. Tan lógico es que resurja ahora un sector crítico interno contra el neoliberalismo socialista como imposible aplicar estas viejas (y dudosas) recetas que están en contradicción con la letra y el espíritu de los tratados europeos. El Gobierno, sin salir de la ortodoxia, está en la dirección correcta, aunque tengan razón quienes le reclaman más intensidad en la batalla, medidas más audaces... y una mejor política de comunicación. EN LOS PREPARATIVOS del congreso del Partido Popular de Cataluña, dos de los tres militantes que se prefiguraban como candidatos a presidir el Partido Popular catalán, Daniel Sirera y Alberto Fernández Díaz, llegaron al sorprendente acuerdo de renunciar a sus candidaturas en beneficio de Alicia Sánchez Camacho, presentada extraoficialmente por la dirección nacional del partido (léase Mariano Rajoy) como su apuesta favorita. La tercera candidata, Montserrat Nebrera, ha preferido mantener su candidatura, aun a sabiendas de que, según dicen los castizos, tiene menos que rascar que la Tomasa en los títeres. Hasta aquí, todo digamos acorde con los usos de los partidos políticos. Lo realmente curioso del asunto es que la versión oficial de la irrupción de Sánchez Camacho es que fue una idea de los propios Sirera y Fernández, cuando es obvio, de toda obviedad, que fue el resultado de la gestión hecha personalmente por Ana Mato en su precipitado viaje a Barcelona. Un observador no muy avisado puede preguntarse cómo es posible que en Génova (la calle de Madrid donde está la sede nacional del Partido Popular) se equivoquen tanto y con tanta frecuencia. La respuesta es que antes de asegurar que se trata de una equivocación hay que esperar a los resultados. Porque muy bien podría no ser un error, sino el resultado de una decisión tomada con todo detenimiento y precedida de una profunda reflexión y el diseño de una buena estrategia política. En efecto, nada permite asegurar que no se haya hecho en la sede de la calle Génova eso que ahora llaman un «análisis coste-beneficio» de la decisión de imponer un candidato digamos que de consenso, aunque se note a la legua que es un diktat de la dirección nacional. Si los daños de esta decisión son inferiores a los previsibles en caso contrario, es decir, los que se habrían derivado del enfrentamiento Sirera-Fernández, entonces la decisión sería correcta. Pero, en fin, de la bondad o no de esta decisión sólo nos hablará el futuro. Y el futuro, como se sabe, está en las rodillas de los dioses.