Café para todos

BIEN POCO después de la publicación por el Gobierno de las balanzas fiscales después de dos años de forcejeos entre las comunidades autónomas y el Estado y luego de que el número dos de Solbes, Carlos Ocaña, y el secretario general de Financiación Autonómica, Juan Manuel López Carbajo, concluyeran una intensa ronda de contactos bilaterales con todas las comunidades de régimen general, el vicepresidente económico presentó las bases de la reforma de la financiación autonómica que se deberá negociar para entrar en vigor el año próximo. La propuesta no ha sorprendido a nadie: Economía ofrece la generalización (a la baja) del sistema acordado para Cataluña en el Estatut. Café para todos sobre el común denominador catalán. Solbes, abrumado por la inocultable crisis que ya se ha comido la mayor parte del superávit público, había filtrado que, dadas las circunstancias adversas, el nuevo sistema habrá de tener «coste cero» para el Estado, que con toda seguridad deberá incrementar sensiblemente los gastos sociales en los próximos ejercicios para compensar la caída de la actividad y sus efectos, especialmente el creciente desempleo. Pese a ello, en el nuevo modelo se respetan las cesiones de impuestos del Estatuto catalán -hasta el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales-, pero todo indica que el Gobierno dejará de efectuar «aportaciones adicionales» extraordinarias, ni siquiera la ayuda anual de 1.700 millones de euros que el Estado concede desde 2006 para cubrir el déficit sanitario. La reforma incluirá una ampliación de la capacidad normativa de las comunidades en materia fiscal y se ampliará la participación y colaboración tributaria en el marco de una mayor cooperación con la Administración Central. Lógicamente, el nuevo sistema sí considerará la desigual evolución demográfica registrada en estos últimos años para adaptar la financiación de los servicios a la población real, si bien Solbes ha aclarado que «no está decidido cómo se lleva la población de 1999 -base del actual sistema- a la de ahora». De hecho, y como es natural, las siete comunidades que menos incremento de población registran ya se han aliado para que, además de la población en valor absoluto, se consideren otros factores -extensión, envejecimiento, dispersión geográfica- a la hora de prorratear los recursos. Lógicamente, las regiones que más inmigración reciben, y que padecen el consiguiente ahogo en sus servicios públicos, aspiran a todo lo contrario. Con seguridad, este asunto será uno de los caballos de batalla de la negociación a cara de perro que se avecina. Pese a las presiones catalanas -la Generalitat acaba también de publicar el déficit fiscal de Cataluña en 2005, que resulta ser algo más alto que el calculado por Hacienda-, la propuesta de Solbes no incluye por ahora las dos exigencias estrella del catalanismo político: un límite a la solidaridad (al déficit) y lo que la Generalitat llama «nivelación parcial de servicios», por la que el Fondo de Suficiencia que garantiza una financiación igual por habitante en todas las CCAA apenas debería aplicarse a sanidad, educación y algunas prestaciones sociales. De momento, Solbes ya ha incluido la Justicia en el paquete. Por añadidura, y para complicar más las cosas, Economía ha accedido a negociar con la Federación de Municipios y Provincias una reforma de la financiación local, vinculada a la de la financiación autonómica (la crisis inmobiliaria está dejando sin recursos a los municipios, que se han nutrido durante décadas de las plusvalías obtenidas de la especulación): al parecer, el Gobierno quiere que las comunidades paguen una parte de los 7.000 millones de euros que los municipios reclaman para costear las llamadas «competencias impropias», que en realidad deberían correr a cargo de las administraciones autonómicas. Las reacciones a la propuesta de Solbes, enunciada en un clima de preocupación y escasez, no se han hecho esperar. Antoni Castells, muy en su papel y sin duda con la vista puesta en la reacción radical de los nacionalistas, ha manifestado que el modelo propuesto es «decepcionante, insuficiente y preocupante». Con estas premisas se buscó el acuerdo con CiU para lograr una posición común con vistas a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado que se celebró ayer. Una reunión en la que deberían haberse consolidado algunos principios básicos que faciliten la negociación «real» pero, por lo visto, está claro que va a ser complicado el consenso La publicación de las balanzas fiscales, que ponen de manifiesto lo que ya se sabía -que las comunidades de mayor renta tienen un significativo déficit, en tanto las menos ricas disfrutan de un superávit importante- ha desactivado en cierto modo la reclamación catalana que se apoyaba en sus datos de déficit fiscal porque se ha constatado que, si bien Cataluña es altamente solidaria, también lo son Baleares, Madrid, Navarra o la Comunidad Valenciana. En otras palabras, el Estado de las Autonomías funciona como un sistema federal, por lo que, aunque cabe lógicamente discutir el grado de solidaridad interna que se aplique (y el grado de aprovechamiento que muestran las comunidades que se benefician del modelo, y que deberían efectuar profundas reformas estructurales), no es posible defender la tesis de que el caso de Cataluña es excepcional, ni por tanto susceptible de un enfoque puramente bilateral.