«In eligendo» e «in vigilando»

SIN ENTRAR A JUZGAR posibles corruptelas, el escándalo de los huertos solares ha servido para poner de manifiesto tanto el desbarajuste interno existente en la administración autonómica como la ineficacia de la oposición en su función de control a la Junta de Castilla y León. La súbita vocación empresarial de cierto funcionariado de la Junta, que un iluminado día decidió compatibilizar su función pública con una lucrativa actividad privada sujeta a la concesión de licencias dependientes de su propia administración, presenta ribetes propios de un país bananero. Sobre todo si tan intrépidos emprendedores no son funcionarios rasos, que diría Zaplana, sino que ocupan puestos de máximo nivel generalmente de libre designación, caso de las jefaturas de servicio, o incluso secretarias territoriales, como ha ocurrido en León y Zamora. Los ceses (encubiertos como dimisiones, como es de rigor en estos casos) que se han producido en ese ámbito administrativo no pueden ocultar las responsabilidades políticas, que en lo referido al delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, resultan clamorosas. La versión de que el ex secretario territorial y los ex jefes de servicio cesados no habían declarado oficialmente dicha actividad privada -algo a lo que estaban obligados por reglamento interno- no exime de responsabilidad política a Fernández, quien en tal caso habría incurrido en lo que se conoce como «culpa in eligendo» y «culpa in vigilando». En román paladino: no haber elegido a los subordinados adecuados para ocupar esos puestos de especial responsabilidad y además no haber vigilado su comportamiento. Esto, admitiendo -que ya hay que ser crédulos- que el delegado se ha enterado de las andanzas empresariales de esos altos funcionarios por la prensa, ya que en otro caso habría estado encubriendo a unos funcionarios que han incumplido obligaciones y que han traicionado su confianza. Incluso el supuesto más benévolo inhabilita a Eduardo Fernández para seguir al frente de la delegación territorial, lo cual no es nada baladí teniendo en cuenta que se trata a la sazón del secretario provincial del PP de León. Sorprende que a estas alturas que el PSOE -del que sí me creo que se haya enterado de todo por la prensa- no haya pedido ese cese. Sólo lo entendería si no lo hubiera hecho para evitar reforzarlo en el puesto, sabiendo que basta que la oposición pida un cese para que el gobierno de turno no lo conceda. Pero dudo que hayan sido tan sibilinos. Tampoco se entiende que los socialistas hayan pedido las comparecencias parlamentarias del consejero de Economía, Tomás Villanueva, y de la consejera de Administración Territorial, Isabel Alonso, y se hayan olvidado del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago, directo responsable político de los delegados territoriales de la Junta. O que no descarten dar traslado del asunto a la fiscalía y no hayan pedido antes la creación de una comisión parlamentaria de investigación, algo que parece de libro. Veintiún años ininterrupidos de gobierno de mayoría absoluta del mismo partido propician ciertos abusos de poder. Y más si la ineptitud de la oposición arruina cualquier viso de alternancia.