Yo veto, tú vetas

QUIENES PUDIERON creer que el acuerdo para renovar Consejo de Poder Judicial y Tribunal Constitucional era cosa hecha, o pan comido, habrán empezado a sospechar que la cosa no es tan sencilla como pudo parecer, tras la lectura de la primera página de El País de este martes, que da cuenta de cómo PP y PSOE están vetando a candidatos «del otro bando»: el PP veta que Conde Pumpido, actual fiscal general del Estado, pueda ser candidato a presidir el futuro Consejo general del poder Judicial o gobierno de los jueces. Y para no ser menos, el PSOE veta que el actual presidente de ese consejo, y presidente a su vez del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, pueda aparecer entre los futuros miembros del tribunal Constitucional, promovido por el PP. Naturalmente, cada cual hace uso de sus argumentos: es obvio que al PP no le gusta Conde Pumpido. Pumpido ha venido gestionando con bastante eficacia, pero no sin dificultades unas tareas en las que ya se dieron golpetazos otros cuantos antecesores. El PP tiene en su haber una serie larga de agravios. En cuanto a la relación de errores de Hernando debieran, en todo caso, anular su candidatura por manifiesta incompatibilidad: criticó severamente el Estatut o la ley de matrimonios de personas del mismo sexo, dos cuestiones que deberá votar ese renovado Tribunal Constitucional, se negó a comparecer ante el Congreso, pese a las solicitudes del principal partido de la Cámara..., aparte de algunas otras batallas... En todo caso, es evidente, primero, que para que la renovación de las dos instituciones se pueda producir, deberán limarse no pocas asperezas e incompatibilidades, al margen de estas dos citadas, que parecen las más visibles y manifiestas. Es probable que haya algunas más, de las que nos iremos enterando a medida que se conozcan los nombres de cada parte. Porque también resulta evidente que este Consejo y ese Tribunal futuros van a ser como los que sustituyan: plenamente partidistas, y perfectamente asimilados a las mayorías y minorías que se dan en las cámaras legislativas, sin ningún margen ni novedad alguna a que entren en la discusión otras instancias, como las asociaciones de magistrados, que, por cierto, también tienen «colores» políticos bien conocidos. Resulta evidente, a la luz de estos primeros vetos, que aún queda mucho por hacer, y que no será fácil que el consenso termine de producirse, pese al acuerdo «de principio», obtenido por los portavoces en el Congreso, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, y que fue abalado y asumido por Zapatero y Rajoy en su primero encuentro tras las elecciones y en la nueva legislatura. Parece evidente que el «acuerdo de principio» está necesitado de muchos pormenores y matices aún no resueltos por las dos partes.