Las heridas del pasado

COMO ERA perfectamente esperable, la iniciativa del juez Garzón de reclamar información a las instituciones, Gobierno, Conferencia Episcopal, cuatro ayuntamientos, más de vente mil parroquias..., sobre los fallecidos como consecuencia de la Guerra Civil de hace setenta años, ha originado reacciones de toda especie: desde los entusiastas a los descalificadores. Pero, globalmente, bien podría trazarse una línea divisoria como ante tantas otras cuestiones que se plantean a la sociedad española: conservadores de un lado, y progresistas, o como quiera llamárseles, al otro. Una distinción que cabría hacer, con todos los matices y excepciones pensables, en materia de aborto, cuidados paliativos, educación para la ciudadanía, y tantas materias más, incluidas las medidas sobre cómo afrontar la crisi s económica. No parece haber duda de que la sociedad española tiene esas dos varas de medir y dos apreciaciones muy a menudo discrepantes entre sí. Como ejemplo de este asunto suscitado por Razón, el «informe general» que pretende el juez de la Audiencia frente al que hace muchos años elaboró Fray Justo Pérez de Urbel, abad del valle de los Caídos, con el beneplácito de Franco y su régimen: en el del abad se recogían multitud de casos tremendos de torturas causadas durante la guerra a sacerdotes, religiosos o personas cumplidoras con la religión. En el del juez de la Audiencia se aspira a situar a todas las víctimas de aquella guerra que vencieron los «nacionales» y perdieron «los rojos», muchas de las cuales aún no han llegado a «merecer» una sepultura «como Dios manda», y según nos siguen demostrando las excavaciones que se producen en muchos puntos del país. Pues bien, frente a José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco, o Cándido Méndez, que no dudan del derecho de los ciudadanos a prestar su colaboración con esta iniciativa judicial, hemos podido comprobar el escaso entusiasmo de Mariano Rajoy, que insiste en que no conviene regresar ni menos reabrir a las viejas heridas. Pero incluso en sus propias filas hay matices: Ruiz Gallardón no ha dudado en anunciar que colaborará activamente con lo que el juez sugiere. Más ardua pudiera llegar a ser la obtención de una «doctrina común» en el Episcopado español, pieza clave en la aportación de los datos que recaba Garzón. ¿Tendremos esa opinión común, o preferirá el Episcopado dejar a cada uno de sus setenta obispos y diócesis a que determinen lo que mejor les convenga? Es sabido que la mayor parte de los obispos y diócesis, en su momento, colaboraron de manera incluso vibrante con «el régimen» victorioso, como han venido mostrando muchas inscripciones situadas en templos y el monumentos próximos a templos y hasta frente a catedrales, en honor a los Caídos «por Dios y por España», entendiendo por tales, exclusivamente, a los «patriotas de Franco». De manera que es muy probable que los obispos, con la prudencia que los caracteriza, prefieran actuar cada uno por su cuenta y según su criterio, para evitar discusiones indeseables en el seno del Episcopado. De lo contrario, podríamos ver a monseñor Rouco encabezando esta procesión...