En cada incendio forestal algo tuyo se quema

EN ESPAÑA los incendios forestales han arrasado, en los últimos seis años, aproximadamente un millón de hectáreas de cubierta vegetal, que equivalen al 4% de la superficie forestal y al 2% de la superficie total del país. El 70% de todos los incendios se produce en el noroeste peninsular -y es en esta zona en la que se encuentra precisamente la provincia de León-, donde se concentra más del 60% de todo el territorio quemado en el conjunto del país. El número de incendios forestales en el estado español se viene incrementando drásticamente desde el inicio de los años ochenta, y aunque han aumentado los medios humanos y económicos para su extinción, realmente no se han tomado todavía las medidas necesarias para evitar que se produzcan. Los últimos incendios registrados en la provincia de León invitan a la reflexión sobre uno de los mayores problemas ambientales de la provincia, que desgraciadamente puede verse agravado por los efectos del cambio climático. Según los datos oficiales la provincia de León tiene una de las tasas más elevadas de incendios intencionados de todo el país -un 75%-. El número de siniestros se mantiene año tras año, y es este el dato sobre el que debemos hacer hincapié, aunque algunos años disminuya el daño ambiental o el número de hectáreas quemadas. La Junta de Castilla y León nos apabulla haciendo alarde del uso de medios de extinción disponibles: dotaciones aéreas, terrestres, cuadrillas, maquinaria, etcétera. Esta exhibición de efectivos forma parte, a nuestro juicio, de una campaña mediática que dista mucho de la realidad. Prueba de ello son los recientes incendios ocurridos, por ejemplo en Destriana -donde el retraso en atajar el frente del fuego y la falta de coordinación de los medios de extinción hicieron que aumentara considerablemente la superficie quemada-; o el de Ferral del Bernesga, donde la Unidad Militar de Emergencia no intervino, estando al lado mismo del siniestro. La administración regional desinforma engordando las cifras de las campañas preventivas con actuaciones paliativas, que no inciden sobre las causas reales de los incendios. Es necesario invertir la ecuación y dedicar prioritariamente los recursos económicos disponibles a la prevención real, la que evita el incendio, disuadiendo y reprimiendo con todos los medios posibles (educativos y sancionadores) a los colectivos y actividades de mayor riesgo. Los esfuerzos centrales deben dirigirse a la prevención, por el mero hecho de que es siempre mucho más barata que la recuperación de las superficies quemadas. Para Ecologistas en Acción la verdadera prevención debe basarse en la investigación rigurosa de las causas de los incendios y en la persecución y el castigo ejemplar de los responsables, imponiéndoles penas y sanciones acordes con la magnitud del daño provocado. Sólo después del trágico incendio de Guadalajara se han tomado medidas excepcionales para atajar este grave problema cuya causa principal es la utilización del fuego en prácticas agrícolas y ganaderas, las cuales suman más del 50% de todos los incendios forestales con causa conocida. En León, una iniciativa que se ha aplicado con cierto éxito por la administración regional ha sido el desbroce de los pastos necesarios para el sustento de la cabaña ganadera. Con esta medida preventiva ha disminuido el número de incendios en pueblos donde los ganaderos queman intencionadamente los montes para obtener pastos. Sin embargo, reconociendo la eficacia de esta actuación, hay que decir que no es suficiente para acabar con los incendios, ni para reducir su número, al menos en un 50%, objetivo mínimo que habría que alcanzar a corto plazo. Para ello proponemos a las administraciones competentes, las siguientes medidas preventivas y cautelares: -Dotar a las comisiones de investigación de los incendios, que ya existen, pero que funcionan en precario, con mayores medios económicos y humanos. Es necesario dar a conocer públicamente los resultados de las investigaciones, y las conclusiones y objetivos que se deriven de las mismas, así como el grado de compromiso de las distintas administraciones en el cumplimiento de tales objetivos. -Fomentar prácticas alternativas a la quema de rastrojos y restos vegetales, facilitando líneas de ayuda para la compra de la maquinaria necesaria. Se debe prohibir la quema incontrolada con fines agrícolas durante todo el año. -Mantener y mejorar las prácticas alternativas, ya existentes, con las que conseguir la regeneración de los pastos, prohibiendo al mismo tiempo las quemas durante todo el año. -Igualmente se debe prohibir, durante todo el año, hacer fuego en el monte para usos recreativos, incluso en las zonas habilitadas para ello. -Restringir la circulación de vehículos a motor por pistas forestales, caminos y sendas debido al riesgo de producir incendios por la liberación de chispas, de sustancias inflamables o por el contacto de los elementos calientes con el pasto seco. Hay que tener en cuenta, además, que estas infraestructuras son la principal vía de acceso de los incendiarios a los bosques. -La Dirección General de Tráfico debe prestar colaboración en la lucha contra los incendios forestales, informando a los conductores mediante los paneles situados en la red nacional de carreteras, y especialmente en los trazados que discurran por zonas forestales, o próximas a éstas, del alto riesgo y del peligro añadido de incendio. Hay que recordar que el lanzamiento de colillas supone multa y pérdida de puntos del carné de conducir. Al mismo tiempo la administración competente tiene la obligación de mantener los márgenes de las carreteras correctamente desbrozados y libres de residuos. -Los ayuntamientos, sobre todo aquellos que han permitido el desarrollo urbanístico en la proximidad de los montes, deberían elaborar y poner en marcha planes locales de emergencia por incendios forestales. -Si el incendio se produjera en un coto de caza, esta práctica tendría que prohibirse al menos durante diez años, no sólo en el coto afectado sino también en los colindantes, para asegurar la recuperación de la biodiversidad. -Es realmente indispensable que las personas que habitualmente dirijan y coordinen las tareas de extinción de incendios conozcan en profundidad los espacios forestales siniestrados. -Por último recordar que es responsabilidad de todas las administraciones públicas concienciar a la población acerca de los beneficios tanto económicos como ambientales y sociales que proporcionan los bosques y zonas forestales, a la sociedad en general, y en particular a las poblaciones que los disfrutan y se aprovechan de ellos.