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Publicado por
ISAÍAS LAFUENTE
León

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EL CONSEJO General del Poder Judicial será renovado. Es el primer gran pacto institucional que suscriben Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular en los últimos cinco años y se desb loquea una institución de rango constitucional que los principales partidos han mantenido durante dos años en situación precaria de manera vergonzosa. Esa es la buena noticia. La mala, y en ello se ha insistido mucho estos días por parte de casi todos los medios, es el marcado perfil político y partidista de los miembros elegidos, junto a su adscripción prácticamente general a alguna de las dos grandes asociaciones judiciales, ignorando a otros candidatos no adscritos que, sin embargo, representan a la mitad de la carrera judicial de este país. Ninguna de estas cosas es nueva, pero se esperaba que fuesen distintas en esta ocasión. Ya se ve que no corren buenos tiempos para los optimistas. Los ciudadanos no pedimos jueces desideologizados, pero sí jueces independientes. Si la tienen, la obligación de quienes asumen la difícil tarea de juzgar es quitarse la camiseta política antes de vestir la toga. Y la misma demanda puede trasladarse legítimamente a su órgano de gobierno. El Consejo General del Poder Judicial debe decidir sobre nombramientos muy importantes en la carrera judicial, informar sobre leyes fundamentales y vigilar, a través de sus órganos de inspección, a los profesionales de la Justicia. En alguna de estas materias, como en los nombramientos, la ley exige mayorías cualificadas de tres quintos, así que los nuevos consejeros están obligados al consenso, y la primera exigencia que cabría hacer es que no esgriman como pretexto su ausencia para bloquear algunas decisiones. Seguramente, algunas de las críticas recibidas por los nuevos consejeros están cargadas de prejuicios, pero la experiencia histórica los sustenta. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial saliente se ha descolgado hace un par de días con declaraciones sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma de la ley del aborto, una opinión sorprendente cuando el proyecto aún no existe. Algunos, de uno y otro lado, no se han quitado la camiseta en los últimos siete años. Quienes ahora llegan tienen una ocasión inmejorable para demostrar su valía profesional, que nadie pone en duda, y su independencia política. Ojalá que sea así. Porque de todos los problemas que deberá afrontar la Justicia en los próximos años, el nombramiento de su órgano de gobierno quizás sea de los menores, aunque fuera imprescindible resolverlo.