Un debate de trámite

ZAPATERO SORTEÓ anteayer con aplomo la borrasca del debate económico, tan inexorable como previsible, frente a un Rajoy que es consciente de que tiene la gran ocasión de su vida de explotar la debilidad de un Gobierno acosado por una crisis de alcance cuasi planetario y tan compleja que admite pocos parches a escala nacional. En líneas generales, Zapatero estuvo en su papel. Si acaso, habría que subrayar dos rasgos interesantes de su intervención: de un lado, la afirmación de que este conjunto de medidas, y muy especialmente las tendentes a lograr una mayor competitividad, son prácticamente las mismas que deben generar un nuevo modelo de desarrollo basado en la economía del conocimiento, es decir, en la innovación, el desarrollo tecnológico y el valor añadido. Y, de otro lado, el énfasis en la necesidad de acelerar las reformas estructurales -en los grandes sectores de actividad, desde los transportes a la energía, pasando por las telecomunicaciones los aeropuertos o los puertos, e incluyendo la trasposición de la Directiva Europea sobre el sector Servicios- que han de contribuir decisivamente a la modernización del país e, indirectamente, a la reducción definitiva del diferencial de inflación que nos separa sistemáticamente de la Eurozona. Rajoy, con un punto de comprensible demagogia, volvió a confundir las promesas con las previsiones, imputó toda la carga de la crisis al Gobierno, afeó los malos datos macroeconómicos, exageró nuestras carencias y olvidó que el «repertorio de problemas propios», el hundimiento del sector construcción por ejemplo, ya pendía del techo como la célebre espada de Damocles cuando el PP abandonó el poder en 2004. La verdad de todo esto radica en que si las medidas gubernamentales no nos salvarán de la crisis, aunque ayudarán a mitigarla, las del PP tampoco obrarían ni mucho menos el prodigio. En este mundo globalizado y en el seno de la Unión Europea, los márgenes de actuación de los gobiernos nacionales son muy escasos, y probablemente no se pueda hacer más que lo anunciado. Si acaso, las direcciones apuntadas por el gobierno socialista y por el PP difieren en un matiz de fondo: el mayor recorte presupuestario sugerido por éste y la nueva reducción fiscal limitaría todavía más los recursos disponibles para mitigar el infortunio de quienes más duramente soportan el peso de la adversidad, las familias y sobre todo los parados. Esta evidencia fue ayer el argumento más eficaz de Zapatero en su réplica a Rajoy. Zapatero pretendía con ello justificar cierto optimismo que cualquier presidente del Gobierno tiene la obligación de exhibir, pese a que la evidencia pinta una realidad muy negra. Rajoy, en cambio, también en su papel, apeló al concepto para censurar la política gubernamental, para reprochar a Zapatero su inoperancia y asegurar que él mismo es parte del problema. Lo cierto es que la palabra de los políticos, no muy acreditada en este país, actúa sólo muy tangencialmente sobre la opinión pública, que es capaz de valorar por sí sola el alcance, la responsabilidad y el horizonte de la crisis. De una crisis que viene de fuera y que nos ha puesto a nosotros en evidencia al señalar dramáticamente nuestras viejas carencias, nuestros errores antiguos y nuestras omisiones más recientes.