Reformas pendientes

VIENDO LA RESPUESTA que han recibido algunas de las últimas iniciativas del Gobierno, no tardaremos en escuchar que la última lanzada, que pretende endurecer al máximo las penas para terroristas y agresores sexuales, es una nueva cortina de humo para esconder la crisis. La verdad es que la magnitud de la reforma que se propone y la puesta en escena del anuncio, con una rueda de prensa conjunta de los ministros de Interior y Justicia, habría requerido buscar en la agenda política un día más despejado. Hacerlo justo cuando en el Congreso de los Diputados el presidente se explicaba sobre la crisis no parece la mejor de las ideas: oscurece ambos focos y alimenta la suspicacia. En los próximos meses conoceremos el pormenor de la reforma penal. De lo adelantado, la no prescripción de los delitos de terrorismo, la posibilidad de imponer penas accesorias de hasta 20 años de libertad vigilada una vez cumplida la condena y el endurecimiento de las penas para algunos delitos sexuales cometidos contra la infancia, que hoy tienen una respuesta penal más que benévola, parece lo más destacable. También lo es la puesta en marcha de un Registro de Pederastas que al no requerir la reforma del Código no se entiende que aún no esté en marcha. La concreción de estos cambios exigirá consensos que no parecen difíciles de alcanzar, pero también sentido común para que no se vaya la mano. Una condena de cuarenta años más veinte de libertad vigilada se parece demasiado a la cadena perpetua revisable que, como hipótesis de trabajo, ha sido rechazada por tener difícil encaje constitucional. La reforma penal no puede tener carácter retroactivo, por lo que en las próximas décadas asistiremos a situaciones paradójicas como que salgan a la calle sanguinarios terroristas o delincuentes sexuales reincidentes con veinte años de condena cumplida mientras ingresan en prisión otros que, con un currículum asesino menor, se enfrenten a condenas prácticamente de por vida. Esperemos que esa realidad no se utilice políticamente en el futuro. Y por último, ninguna reforma penal será eficaz si no se ponen en marcha los instrumentos necesarios para ejecutarla. La niña Mari Luz Cortés viviría aún si sentencias anteriores de su presunto asesino, por suaves que parecieran, se hubieran ejecutado con diligencia. Y no anima precisamente ver en los periódicos el mínimo precio con el que se paga la negligencia judicial. Esas otras reformas necesarias son las urgentes, las que importan hoy. La eficacia de las otras la conocerán nuestros hijos cuando estén al borde de la jubilación.