Carlos Dívar, en un mar proceloso

EL JUEZ Carlos Dívar, con 28 años en la Audiencia Nacional a sus espaldas luchando contra el terrorismo, apreciado por todos, elegido presidente de la Audiencia por unanimidad de progresistas y conservadores, reconocido por su profesionalidad y discreción, en las antípodas de los «jueces estrella», es sin duda una buena elección para la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ. Sus creencias religiosas, al parecer acendradas, no afectan en absoluto a este juicio de valor, y es curioso constatar que quienes las han objetado sean precisamente los mismos que sostienen que la esfera de la religiosidad debe ser una cuestión privada. Es, pues, plausible que la mayoría política socialista haya renunciado a colocar en el cargo a un magistrado proclive a sus ideas e intereses, con lo que se hubiera asegurado decisiones favorables gracias al voto de calidad del presidente del Consejo, en el que PSOE y PP tienen -no es ningún secreto- nueve consejeros cada uno. Porque los dos nacionalistas votarán, como es lógico, sin plegarse a consignas de los grandes partidos. Pero dicho esto, hay que manifestar acto seguido la mayor perplejidad por el hecho de que el señalamiento se haya hecho, con todo desparpajo, mediante una notificación de La Moncloa, en la que se hacía constar que el presidente Rodríguez Zapatero, había decidido nombrar a Carlos Dívar, con el beneplácito del principal partido de la oposición. Una lectura minuciosa del artículo 122 de la Constitución lleva a la conclusión de que la regulación del Consejo del Poder Judicial abre un amplio margen de discrecionalidad puesto que remite a una ley orgánica en lo tocante a su estatuto, incompatibilidades, funciones, etc., pero no se desprende de dicha disposición que incumba al presidente del Gobierno, representante genuino del Poder Ejecutivo, la designación del presidente del Consejo. Con toda evidencia, Rodríguez Zapatero, a instancias al parecer de Fernández de la Vega, ha querido poner un punto de grandeza en una designación institucional que, como siempre, ha sido un pobre reparto por cuotas de cargos relevantes otorgados a los más afines o en pago a servicios prestados. No han primado la brillantez jurídica, el prestigio profesional ni siquiera el mérito corporativo: los nombramientos son una devolución de favores o una compra de lealtades, según los casos. Así las cosas, y sin minusvalorar el gesto, poner a Carlos Dívar al frente de una corporación tan politizada es, además de hacerle un flaco favor, pretender tapar un desaguisado con el prestigio de un magistrado independiente que tendrá que soportar presiones exorbitantes y que muy difícilmente conseguirá embridar el regalo envenenado que acaban de hacerle. Así las cosas, y cuando negros nubarrones se ciernen asimismo sobre el Tribunal Constitucional por la obstinación «popular» en colocar en esta institución a Francisco José Hernando y a Enrique López, ex presidente y ex portavoz del anterior CGPJ, ambos muy marcados políticamente por sus opiniones sobre asuntos candentes (el Estatuto de Cataluña o el matrimonio entre homosexuales, por ejemplo), puede ya asegurarse que la reforma de la Justicia, que debería provenir de la voluntad de pacto proclamada por Zapatero y Rajoy, quedará en nada.