Pena de muerte

A CUALQUIERA le parecería dentro de lo normal que el presidente del Gobierno se acerque hasta el plenario de las Naciones Unidas para pedir una moratoria contra la pena de muerte. Es de perogrullo que ningún Estado puede estar por encima de los ciudadanos y, por supuesto, no puede cometer una ilegalidad. Condenado el ciudadano, condenado el Estado. Ahora bien, es cuanto menos un poco naif que Zapatero vaya a defender esta idea al lugar con más numero de asesinos, dictadores y criminales por medio cuadrado del planeta. No hay más que recordar -por poner algunos ejemplos- los negocietes de Obiang, las cuentas en bancos suizos de Mobutu, a Robert Mugabe o a Amin Dadá, ese gran visionario antropófago que quiso ser emperador de África, para darse cuenta de que la ONU no es el mejor lugar para defender los derechos humanos. Sin embargo, todos estamos cansados de ver a gentuza como Fidel Castro o a Ahmadinejad dar clases de democracia. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que veinte años después de haberse firmado la Declaración Universal de los derechos humanos en Naciones Unidas, los estados islamicos elaboraron otra alternativa, si bien esta vez sujeta a la ley islámica. Según estos países tan piadosos, todos los derechos humanos provienen de Alá y ninguna declaración humana puede reemplazar lo que está escrito en el Corán. Por eso están a favor de dilapidar mujeres, colgar homosexuales o asesinar a quienes hagan proselitismo de otra religión. En su concepción del mundo no entran los derechos civiles. Su única ley es la sumisión y esta condición casa mal con la libertad. Por eso, hablar de derechos humanos en Naciones Unidas parece un poco absurdo, como regar el desierto con una cantinplora.