Amparo integral

LA LEY DE SOLIDARIDAD con las Víctimas del Terrorismo aprobada en 1999 sacó del olvido a todos aquellos que habían sufrido las graves consecuencias de la violencia. Los cambios que ahora se están preparando deben mejorar la legislación vigente, por lo que constituye un gran avance que se prevea modificar el régimen de ayudas extraordinarias para paliar situaciones de urgente necesidad, a fin de atender a las víctimas de los atentados más antiguos y evitar con ello indeseables agravios comparativos. Como lo es que se puedan admitir las indemnizaciones a ciudadanos españoles por atentados en el extranjero y el reconocimiento político de los ciudadanos acosados en el País Vasco y Navarra, aunque eso no suponga identificarlos propiamente como víctimas para no hacer inviable el sistema. Pero junto a ello, la nueva ley debería explicitar la reserva de un cupo para los afectados en las ofertas públicas de empleo, así como el refuerzo de las medidas de apoyo y asistencia a los inválidos y heridos, con la implantación de ayudas domiciliarias o la creación de centros de rehabilitación específicos siguiendo el modelo de países como Israel. Y es también preciso que se progrese en la defensa de la dignidad de las víctimas. Pero para hacer efectiva la legislación, el Gobierno ha de poner los medios suficientes. Lo que implica aumentar la cuantía de las subvenciones; instar el reconocimiento de la Fundación Víctimas del Terrorismo como ONG en la UE, el Consejo de Europa y la ONU; promover un órgano que informe permanentemente a los afectados, por vía telefónica y telemática, sobre los procesos penales pendientes contra los terroristas y sobre la situación de su expediente indemnizatorio; y actualizar y distribuir el manual de autoayuda elaborado por la AVT en 2004. La incertidumbre y la confrontación que definieron la política contra ETA en la última legislatura debe hacer reflexionar a los representantes políticos, medios de comunicación y agentes sociales a fin de recuperar el espíritu de unidad y consenso que, en su momento, inspiró el Pacto Antiterrorista. El terrorismo es un problema de Estado que debe apartarse del enfrentamiento político. Y las víctimas deben recuperar su insustituible papel en la derrota de la violencia, constituyéndose en referentes morales y en protagonistas de la movilización de la sociedad civil por las libertades y contra el terror.