Diario de León
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PEDRO VICENTE
León

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AUNQUE LA ACTUAL se ha definido por la Junta como la legislatura del nuevo estatuto de autonomía, lo cierto es que los dos grandes asuntos que ocupan y preocupan al gobierno Herrera no provienen del desarrollo de la nor ma institucional básica de la Comunidad. Ni la fusión de las Cajas de Ahorro ni la definición de la marca Castilla y León son cuestiones dimanantes del Estatuto. No se tome ello como un reproche, ya que el Estatuto, como marco legal y jurídico que es, no tiene por función descender al ámbito de los programas de gobierno. Dicho lo cual, hace al caso constatar que ninguno de los dos asuntos reseñados aparecían en el programa con el que el PP de Castilla y León concurrió a las pasadas elecciones autonómicas. Hace un año y medio, hablar de fusiones de las entidades de ahorro era algo absolutamente tabú; ni figuraba en los programas -ni en el del PP, ni en ningún otro 1397058884 ni salió a relucir en esa campaña electoral. Y, sin embargo, ahí está convertido de repente en la gran apuesta política de la vigente legislatura autonómica. Hasta que Juan Vicente Herrera no pronunció su discurso de investidura tampoco tuvimos noticia de la idea de promover una marca identificativa de los valores y productos de Castilla y León. Algo así como una especie de distintivo de calidad y excelencia de lo mejor de nuestra Comunidad. La iniciativa no es nada novedosa y se ha ensayado con diferente resultado en otras comunidades autónomas: «Galicia Calidade», «Asturias, paraíso natural», «Cantabria infinita», etcétera. En esas otras comunidades con identidad muy definida el asunto se ha reducido a la postre al mayor o menor acierto a la hora de elegir el eslogan publicitario. Aquí el asunto tiene otro calado. Sintetizar la idea de Castilla y León en un lema de dos o tres palabras resulta tan complejo como delicado. La conjunción copulativa que se interpone entre los dos antiguos reinos que dan nombre a esta comunidad dificulta extremadamente la tarea. Para comprobarlo, basta echar un vistazo a las 38 propuestas seleccionadas en el concurso convocado al efecto. Consciente de lo resbaladizo del terreno, la Junta ha querido guardarse las espaldas, revistiendo el proceso de la marca de un carácter supuestamente participativo y consensuado. Se ha tomado más de un año en lanzar la idea, ha constituido un consejo interno y otro externo y ha realizado encuestas previas en las nueve provincias antes de convocar el concurso para elegir el lema y del logotipo adjunto. Después, ha exhibido con fruición las propuestas seleccionadas, muchas de las cuales, dicho sea de paso, resultan de un simplismo aterrador. El propósito de semejante alarde de participación parece claro. Si el invento funciona, el éxito será del gobierno Herrera, encargado de gestionar y adjudicar las sustanciosas campañas publicitarias en las que se sustentará la promoción de la marca. (En los presupuestos de la comunidad para el 2008 las distintas partidas destinadas al efecto sumaban 180 millones de euros). Si por el contrario, la cosa no resulta, el fracaso ha de ser compartido por todos, que para eso se trataba de una iniciativa consensuada.

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