La huelguecita

LA JUDICATURA, indignada al parecer con el poder político, ha hecho alarde de su fuerza con una huelguecita, empantanando así, más si cabe, la labor que la sociedad le tiene encomendada y que, por unas cosas y por otras, desarrolla de pena. La Judicatura tiene todo el derecho del mundo a indignarse con el poder político porque a uno de los suyos, al juez Tirado, el gobierno le quiere castigar un poco más que con una pequeña multa por su desidia y su negligencia, pero la Judicatura, esto es, los jueces, los secretarios y todos cuantos integran esa casta sacerdotal que tiene la exclusiva de la interpretación de la Ley, debería recordar que ese poder político que le indigna ha sido elegido por los ciudadanos, en tanto que a ella, que a su vez indigna a los ciudadanos tanto o más que el poder político, no la ha elegido nadie, nadie fuera de los sanedrines de su corporación. Por eso, cuando reivindica su independencia, debería tener muy presentes sus límites (salvo que se declare abiertamente secesionista), que se sitúan allá donde empiezan los grandes predios de la voluntad popular. Para una vez que ese poder político, o sea, el gobierno, ha sintonizado con esa voluntad nominalmente superior, cual ha ocurrido a raíz del terrible caso de la niña Mari Luz, y se ha puesto de su lado, se ha encontrado, qué casualidad, con la Justicia enfrente. La huelguecita judicial contra el gobierno se ha querido revestir, empero, con las galas de la denuncia de la falta de medios para ofrecer un servicio adecuado a la ciudadanía. Falsas galas: ese servicio ha sido siempre paupérrimo, lento, caro, insufrible, y nunca antes se le había visto protestar. Por lo demás, cabe recordar también a los jueces y a los secretarios que existe la figura de irse, de marcharse de donde se le obliga a uno a actuar con indignidad o contra su conciencia.