La corrupción que no cesa Despropósito

LA DETENCIÓN de la alcaldesa de la localidad alicantina de San Fulgencio y de otros cuatro ediles por su presunta relación con una trama de irregularidades urbanísticas, por la que también fueron arrestados hace unos días el teniente de alcalde, el jefe de la Policía Local y el concejal de Seguridad, constituye el último episodio de una serie de actuaciones del Estado de Derecho contra el incesante goteo de investigaciones abiertas contra responsables públicos por el supuesto cobro de comisiones ilegales. Las acusaciones de corrupción han alcanzado en estas semanas también a los regidores de Zarra (Valencia) y de Bigastro (Alicante) y a un diputado de Unión Mallorquina, cuya imputación ha abierto una crisis en la coalición que gobierna el archipiélago. El periódico rebrote de este tipo de corruptelas evidencia el enraizamiento de un problema difícil de erradicar sin un compromiso más explícito de las instituciones, los partidos y la propia sociedad. LA ABSOLUCIÓN de 16 acusados de quemar fotos del Rey en septiembre de 2007 puso de manifiesto ayer el reprobable despropósito en que ha acabado convirtiéndose una causa destinada inicialmente a dilucidar si los encausados habían cometido o no injurias a la Corona. Porque resulta incomprensible no sólo que el fiscal decidiera en el último momento rebajar la calificación penal de los hechos, tratándolos como una expresión de desórdenes públicos sancionable con una multa, cuando los propios imputados se personaron en la sala de vistas de la Audiencia Nacional ataviados con camisetas con el lema «¡Yo también quemo la Corona española!». Aún lo es más que lo hiciera, tras haber sostenido el procedimiento durante meses, a sabiendas de que la Audiencia sólo puede enjuiciar delitos y no meras faltas, una incompetencia que tuvo que ser expresamente recordada por el magistrado para explicar la absolución. Cabe cuestionar por tanto que la sentencia, coreada por los encausados, haya respondido realmente a los parámetros de respeto a la legalidad que, con independencia del resultado final, deben definir la actuación de la Justicia.