El trágala

DESPUÉS de meses de sigilosa negociación, Juan Vicente Herrera y Óscar López han puesto por fin sobre el tapete la carta elegida para jugar la partida de las Cajas de Castilla y León. Descartada por razones estrictamente políticas la fusión pura y dura, los máximos dirigentes del PP y el PSOE en la Comunidad han optado por un sucedáneo en forma de sociedad anónima en la que las seis Cajas integrarían todos sus recursos para gestionar de forma conjunta sus activos e inversiones. Ni Herrera y López se han sacado la carta de la manga, ni el invento en cuestión debe calificarse como el parto de los montes. Pese al hermetismo, hemos sabido que la idea inicial, propuesta por la consultora AFI (Emilio Ontiveros), fue desaconsejada por el Banco de España en beneficio de la opción adoptada, a la que ha dado forma jurídica el despacho Uría Menéndez, si bien el jugoso contrato para su gestión ha recaído sobr e otra consultora, Intermoney (Carlos Arenillas). O sea, que ha habido mucha trastienda. La fórmula elegida es la que algunos han llamado «fusión virtual» y otros, como el gobierno municipal de León, «fusión encubierta». Llámese como se quiera, lo cierto es que la sociedad de marras vaciaría casi por completo de contenido a los consejos de administración de las cajas, cuya autonomía quedaría reducida a poco más que administrar la obra social. La «cesión de soberanía» sería casi absoluta. Nada tendría de particular si esa especie de «haraquiri» se hubiera planteado a instancias de las propias Cajas. Pero nada más lejos de la realida d. Herrera y López han ninguneado por completo a los rectores de las entidades, que se han ido enterando por la prensa del guión que les estaban escribiendo el poder político. Tan sólo el presidente de Caja Burgos, José María Arribas, fue informado a última hora y con el acuerdo político ya cerrado. Con sus colegas ni siquiera se tuvo esa deferencia. «Todo por las Cajas y para las Cajas, sin contar para nada con las Cajas». Este podría haber sido el lema de la operación. La propuesta pactada entre PP y PSOE ha sido presentada a las entidades como un auténtico trágala, tratando de utilizar además a los sindicatos y a la patronal (ésta muy dividida sobre el particular) para incrementar la presión. Los engendradores de la criatura quieren dar a luz como muy tarde en el mes de mayo. El plazo no es casual. Antes de que finalice el primer semestre del 2009 toca renovar la representación no estrictamente política (53 por ciento) de los órganos rectores de las Cajas, entre ella la cuota correspondiente a los impositores. Y se quiere evitar a toda costa que el asunto llegue abierto a dichas elecciones, no vaya a ser que los impositores, con los que nadie ha contado, no estén por la labor. Por lo demás, las consecuencias políticas colaterales de la operación no se reparten por igual. Mientras Herrera ha soslayado el revés propinado por el PP abulense, Óscar López deberá hacer frente a la «insurrección» de los socialistas leoneses, que, de la mano del alcalde Fernández, disponen del próximo congreso provincial para desmarcarse oficialmente del pacto de las Cajas. Salvo que medie Zapatero, el pulso entre López y Fernández está servido.