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León

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LAS CORTES DE Castilla y León aprobarán mañana los Presupuestos de la Comunidad para el próximo año sin modificaciones relevantes respecto al Proyecto presentado en octubre. Haciendo uso de su implacable «rodillo» parlamentario, el grupo popular no ha admitido en las fases previas de ponencia y comisión ni una sola de las 318 enmiendas parciales de los socialistas, así como tampoco -”y a pesar de los denodados esfuerzos de Otero y Castresana por acercarse al PP-” ninguna de las sesenta enmiendas de los dos procuradores enviados al limbo por la UPL. Hasta aquí ninguna novedad respecto a años anteriores. El guión incluye que entre hoy y mañana el grupo popular, en un alarde de generosidad, acepte una docena de enmiendas sin mayor importancia para que la oposición no pueda decir que se le han rechazado la totalidad de ellas. Se va a dar incluso la curiosa circunstancia de que el PP va a desestimar la principal enmienda socialista y lo va a hacer cuando tiene decidido de antemano que la va a poner en práctica. Me refiero a la propuesta de agotar el límite del endeudamiento para incrementar el Presupuesto en 200 millones de euros destinados a reforzar la inversión productiva y la protección social.

Pese a que dicha enmienda será rechazada, la Junta tiene plenamente asumido que a lo largo del año hará uso de ese margen de endeudamiento para dinamizar unos Presupuestos timoratos insuficientes para afrontar la crisis que tenemos encima. (Por cierto, que a fecha de hoy el gobierno autonómico sigue sin poner sobre la mesa ni una sola medida nueva que amplíe el paquete de 27 aprobado en mayo y de cuya eficacia seguimos sin saber absolutamente nada).

El desencuentro entre el PP y el PSOE en materia presupuestaria y económica no impide que ambos partidos hayan pactado una enmienda conjunta sobre la única cuestión en la que los dirigentes autonómicos de ambos partidos están plenamente de acuerdo: la agrupación, al precio que sea, de las cajas de ahorro de la comunidad. A través de dicha enmienda, metida de rondón en la llamada Ley de Acompañamiento, se retrasará hasta el segundo semestre del año la renovación parcial de las asambleas de las cajas que debía llevarse a cabo en el primer semestre. Dicha iniciativa resulta dudosamente democrática, por no decir claramente caciquil, por cuanto lo que persigue es evitar que el modelo de integración pactado en la trastienda política pueda ser objeto de debate justamente en el foro electoral competente. Un debate que debiera ser absolutamente insoslayable, máxime cuando las actuales asambleas están constituidas después de procesos electorales en los que no se contempló ningún tipo de «agrupación» de esa naturaleza. Ese aplazamiento no parece que vaya a impedir un debate social que -”para desgracia de los dirigentes del PP y el PSOE en la comunidad-” se está abriendo paso por momentos. La prepotencia política con que han venido actuando ambos partidos ha suscitado una reacción contraria en las cinco provincias que se identifican territorialmente con las actuales Cajas. Eso que el Portavoz de la Junta, en otra de sus habituales ocurrencias, ha calificado de «exceso de celo provinciano».