Barrido informático

HAY ACUSACIONES que conllevan denuncia judicial. Si el presidente del Gobierno sostiene que José María Aznar mandó destruir información propiedad del estado cuando abandonó La Moncloa, no tiene otro remedio que hacer una denuncia judicial para aclarar qué documentos fueron eliminados, la intención con la que se hizo y el perjuicio que se ha producido para los intereses públicos.

El asunto de la autorización oficial para los vuelos de la CIA en traslado ilegal de secuestrados hasta la base convertida en prisión de Guantánamo es un asunto antiguo que se conoció gracias a las investigaciones del Diario de Mallorca. Ahora hay testimonio directo de la existencia de documentos oficiales. Desde un punto de vista ético, el asunto es sencillamente repugnante, sobre todo cuando quien realizó las autorizaciones fue José María Aznar que pretendió ser en época anterior adalid de la lucha contra el terrorismo de estado con el que después colaboró.

Pero las responsabilidades pueden ser también penales y de eso se está encargando la Audiencia Nacional. Pero tampoco se acotan en el ámbito del gobierno del Partido Popular. El ministro Miguel Ángel Moratinos está resultando abrasado con su falta de conocimiento de los documentos que había en su departamento: si los conocía, de alguna forma es cómplice. Y si no los había detectado es responsable de falta de eficacia en su ministerio.

Lo peor que podría ocurrir es lo que parece que está pasando: un pacto tácito entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Popular para evitar la parte de responsabilidades que a cada uno le afectan por el sencillo procedimiento de después de una escenificación de la una denuncia sólo para la galería el asunto termine enterrado. De momento el presidente de Gobierno tiene que aclarar a que barrido informático se refería y cuando se dio cuenta de que se había producido.