Conflicto de intereses

LAS DILIGENCIAS abiertas por la Audiencia Nacional por el bombardeo israelí de Gaza de 2002 han hecho aflorar de nuevo el conflicto de intereses que surge cuando la aplicación de la Justicia con carácter trasnacional contra delitos de singular gravedad interfiere en las relaciones entre estados. Las trabas existentes no han impedido que la actuación de la Audiencia haya redundado en un roce diplomático. No es la primera vez que una causa judicial condiciona la acción exterior del Gobierno español, lo que invita a reconsiderar si la actual legislación que regula el principio de jurisdicción universal no debería limitarse a aquellos casos en los que los delitos de lesa humanidad hayan afectado a españoles. Pero el Ejecutivo debería efectuar esa revisión calibrando los derechos en juego, y en ningún caso bajo la presión de aquellos que, como Israel, se niegan a reconocer la legitimidad e independencia de los tribunales españoles.