Prostitución sancionada

LA ENTRADA en vigor de nuevas cláusulas en la «ordenanza del civismo» del ayuntamiento de Lleida permitirá a la policía municipal de dicha ciudad advertir primero y denunciar después a quienes ejerzan la prostitución y a sus clientes. Las sanciones podrían oscilar entre los 300 y los 3.000 euros. La normativa tiene su precedente en una regulación análoga en Barcelona, y la experiencia podría servir para su eventual extensión a otras localidades españolas. Las dificultades para una aplicación con arreglo a Derecho de la citada ordenanza aconsejan las máximas cautelas. Pero la mencionada cobertura legal podría representar una salida adecuada al debate sin solución en torno a la tipificación de la prostitución y las políticas a desarrollar frente a la misma.