Medida a prueba

LA ENTRADA en vigor de la directiva comunitaria que obliga a todo comprador de tarjetas prepago de móviles a identificarse ante su compañía operadora supone un paso inevitable en el necesario registro de usurarios de móviles para racionalizar el sector y evitar en lo posible la utilización de las redes para fines delictivos. Con todo, es razonable mostrar un cierto escepticismo ante el cumplimiento de una medida que afecta a 15 millones de tarjetas adquiridas antes de 2007 y que obliga a sus propietarios a presentarse con un documento identificativo. Su misma eficacia en la lucha contra el crimen parece dudosa con un floreciente mercado negro en el sector de la telefonía. Sin embargo, esos millones de potenciales consumidores identificados que van a aflorar suponen una tentación para las empresas de productos vía teléfono móvil, al tiempo que compromete a las operadoras a respetar la ley de protección de datos y no utilizarlos de forma abusiva.