Amigos horizontales

UNA ANTIGUA compañera de piso, estudiante de Psicología en los años 90, me contaba con desparpajo por entonces la diferencia entre tener un novio y tener amigos horizontales. Ella prefería los amigos horizontales por múltiples razones, pero por resumir lo dejaremos en que, según ella, no pedían fidelidad absoluta y tampoco exigían compromisos. El único inconveniente al parecer es que solían tener una fecha de caducidad muy corta, como los yogures, y los novios solían durar un poco más en la despensa. A mí aquello me quedó grabado y hoy lo traigo a colación al leer en la prensa noticias que dan cuenta de las relaciones horizontales entre Comunidades Autónomas.

Me estoy refiriendo, en concreto, a la reunión que mantuvieron en Valladolid los representantes de seis Autonomías para unificar esfuerzos y estrechar el espíritu de colaboración horizontal entre administraciones. Es curioso cómo a lo largo de estos 30 años de democracia, este país ha dedicado ímprobos esfuerzos y dineros para construir un Estado de las Autonomías, que hace aguas por todos lados, y ahora esas mismas Autonomías se reúnan para reconstruir el Estado, sin la presencia eso sí, del presidente del Gobierno y cometiendo, por tanto, una leve «infidelidad» con el «novio» de toda la vida. ¿Pero en qué quedamos? ¿En ser novios, o «amigos horizontales»? ¿en volver a un Estado nacional unificado y fuerte o seguir con 17 mini estados con sus reformados Estatutos y sus ampliadas competencias?

A priori, un estado descentralizado nos gusta a casi todos, pero no puede convertirse en un Estado injusto, desequilibrado para las libertades y los derechos del ciudadano, y plagado de barreras internas que han fragmentado el mercado nacional. Y eso es lo que está pasando en España donde está en riesgo la unidad de mercado por la proliferación de normas autonómicas que segmentan los mercados, elevan los costes de transacción, dificultan la movilidad de capitales, empresas y trabajadores y, en definitiva, lastran el crecimiento económico y la creación de empleo.

España tiene ante sí problemas de auténtico calado pero, a mi humilde entender, hay uno que subyace a todos ellos y no es otro que el propio Estado de las Autonomías, que fue una original y acertada fórmula de administración territorial y convivencia entre todos los pueblos de España en los inicios de nuestra democracia pero que ha devenido en un auténtica maraña autonómica, ineficaz, lenta y torpe. ¿Qué queda del Estado español y de las ventajas de una España unitaria?

No es habitual que se den encuentros entre autonomías de distinto color político como el escenificado hace unos días en Valladolid donde se reunieron Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Valencia y Castilla y León para «construir el Estado, después de 30 años desconstruyéndolo», -”y cito palabras textuales de dichos representantes regionales-”. En esa reunión se logró un acuerdo histórico entre seis autonomías para compartir una sola licencia de caza y pesca y la red de casas de acogida para mujeres maltratadas. Me parece un primer paso valiente para agilizar y racionalizar la administración y prestar un mejor servicio al ciudadano, tras años en los que la mayoría de las Comunidades se han limitado a exigir más competencias para descuidarlas después y eximirse de responsabilidades cuando algo no funciona. Pero los ciudadanos necesitamos mucho más espíritu de colaboración horizontal entre administraciones, una exigencia que parece no haber calado en quienes dirigen las políticas y se encargan de prestar servicios al contribuyente. Basta aportar dos cifras bien elocuentes para ilustrar el individualismo de nuestro sistema: mientras que el Gobierno central ha firmado 10.000 convenios con las autonomías en estos 30 años de democracia, las autonomías sólo han suscrito 30 convenios entre sí, según se afirmó en el susodicho encuentro de Comunidades.

Ese primer paso requiere de otros más trascendentes que afecten no sólo a colectivos específicos como son, en este caso, los cazadores, pescadores y víctimas de la violencia doméstica, sino a todos los ciudadanos. Puestos a mantener relaciones horizontales recomendaría que empezaran por la Justicia, la Sanidad, la Educación, la empresa o el comercio porque las situaciones absurdas se reproducen diariamente en todos estos ámbitos a causa de este sudoku nacionalista que no somos capaces de resolver entre todos.

Veamos cómo nos lo hemos montado: en la administración de Justicia a día de hoy es imposible compartir los datos de las personas encausadas en distintos territorios porque los sistemas informáticos son incompatibles. ¿Nos extrañamos de que sucedan casos lamentables y posiblemente evitables como el de la pequeña Mariluz? En el terreno de la Sanidad pública, cada Comunidad emite una tarjeta sanitaria en función de la residencia que complica la atención médica de ciudadanos de otras Comunidades a la hora por ejemplo, de recetar medicamentos, atendiéndose sólo casos de urgencia. Si observamos lo que ocurre en el ámbito del comercio, comprobamos que hay distintos horarios comerciales y calendarios de festivos, diferentes condiciones para abrir locales y distintas exigencias para etiquetar productos, y si saltamos al mundo de la empresa, con la autonomía fiscal, el pago de impuestos es distinto entre una Comunidad y otra, ya que pueden fijar los tipos impositivos, establecer deducciones o recargos o incluso suprimir tributos. Eso sin hablar de otras complicaciones como la exigencia de presentar 17 pliegos distintos al concurrir a un concurso público.

Si hablamos de Educación, las desigualdades se repiten. En algunas autonomías los libros de texto son gratuitos, como en Andalucía, Galicia, etcétera, la disparidad de contenidos en las materias docentes es clamorosa y el calendario escolar diferente. En las comunidades bilingües como Cataluña o Galicia, es difícil poder impartir o recibir clases en castellano y en demasiadas ocasiones se falsea la historia tergiversándola a conveniencia de quien está en el poder. Relacionado con el idioma, suceden casos de flagrante injusticia y desigualdad entre quienes quieren acceder a un empleo público, ya que el que conozca una lengua autonómica tiene más posibilidades de obtener plaza y en el peor de los casos es requisito fundamental para acceder a la función pública. Eso por no hablar del salario de los funcionarios en unas Comunidades y en otras donde la disparidad de sueldos para funciones idénticas es manifiesta.

Ante ejemplos como los expuestos cuesta creer que un leonés y un catalán vivan en el mismo país y más, que tengan los mismos derechos y oportunidades. Nos queda el consuelo de pensar que, por lo menos, nuestros representantes se reúnen amigablemente para intimar en relaciones horizontales de las que presumiblemente saldrá más Estado y menos autonomismo.