Mujeres de Juárez

SOMOS ciudadanos afortunados. Vivimos en países donde la Justicia no funciona como debiera, pero es Justicia. El Estado de Derecho puede ser real, como sucede en la mayor parte de los países europeos, inexistente, como en, al menos, la tercera parte de las naciones del mundo, o virtual, como en algunos países aparentemente democráticos. En Ciudad Juárez, México, el Ejército intenta estos días controlar una situación desesperada, donde las mafias del narcotráfico campan sin control y sin ley. Más de mil mujeres han sido violadas, salvajemente torturadas y asesinadas en estos últimos años sin que la Justicia haya condenado a los culpables y sin que casi nadie haya levantado la voz por ellas. En la mayoría de los casos eran mujeres jóvenes, escasamente protegidas y económicamente débiles. Sus familias no han podido pleitear por falta de medios y por miedo. Ni siquiera se atreven a defender su memoria.

No hablamos de casos puntuales. Hablamos de un feminicidio, de una situación social terrible. Les han arrancado los pechos, las han quemado, han tirado sus cuerpos mutilados en un descampado en medio del desierto y ni la Justicia ni el poder político han actuado. Se han alzado voces, como la de Marisela Ortiz, en su defensa, y hasta ella y su familia, como la de todos los que muestran su oposición al asesinato y a la impunidad, temen seriamente por sus vidas. Cada vez que en Ciudad Juárez se forman grupos para protestar o para defender y apoyar a las víctimas y a sus familias, sólo hay mujeres. Los hombres no acuden, han desertado de la dignidad.

Ahora, el 28 de abril, en Santiago de Chile, la Corte Interamericana de Justicia va a juzgar en una vista oral en audiencia pública, la muerte de tres de esas mujeres -eran ocho, pero sólo se pudo identificar a tres inicialmente- que fueron salvajemente asesinadas y sus cuerpos arrojados a un descampado a plena luz del día. También van a exigir responsabilidades al Estado de México. Es un gran paso, pero sólo el primero. Dos letrados de la Asociación de Abogados Democráticos de México -ninguno del Estado de Chihuahua- van a llevar esta defensa y van a contar con el apoyo de cuatro abogados más, tres de ellos españoles y uno chileno afincado en Venezuela, y con el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española. Emilio Ginés, Héctor Faundez, Mayte López Pérez-Cruz y José María Prat Sabat van a estar allí, en Santiago, respaldando a sus colegas, en defensa de los derechos humanos y para pedir la reparación de algo que no debía suceder en ningún lugar del mundo en el siglo XXI. Es un gran paso, pero las desapariciones y los homicidios siguen. Si estos abogados ganan el juicio, habrá una cierta esperanza para las mujeres de Juárez y habremos ganado todos. La indiferencia puede ayudar a matar y casi siempre es peor que el olvido.