El problema es la libertad

EN ESPAÑA no hay un problema lingüístico, lo que hay es un problema político. Y el problema estriba en que algunos partidos nacionalistas creen que la manera de revitalizar las lenguas de sus comunidades pasa por imponerlas, y ahí está su error. Vaya por delante que creo que el catalán, el vasco y el gallego es patrimonio de todos los españoles, no sólo de los catalanes, de los vascos y de los gallegos, y que contar con estas tres lenguas, además del español, supone una gran riqueza cultural. Por tanto soy partidaria de fomentar y cuidar estas lenguas que estuvieron perseguidas y marginadas durante el franquismo.

Pero una cosa es fomentar una lengua y otra muy distinta imponerla y lo peor de todo llevar su imposición hasta extremos que suponen una vulneración de los derechos de las personas. A mí me parece fascista, y siento escribirlo así, que se imponga por decreto que los niños no pueden hablar en su lengua materna y deben de hacerlo en la de la Comunidad en la que viven. Me parece bien que estudien esa lengua, pero no en detrimento de la suya, y desde luego me horroriza que a unos críos incluso en el recreo se les obligue a hablar en una determinada lengua. De la misma manera que me parece tremendo que a los comerciantes se les obligue a rotular sus negocios en una determinada lengua o que a la hora de que un médico quiera acceder a una plaza pública, pongamos en un hospital en Cataluña, País Vasco, Galicia o ahora Baleares, cuente tanto su preparación profesional como el conocimiento de la lengua de esa comunidad. Y no es que el castellano esté en peligro frente al gallego, el vasco o el catalán, porque no lo está, hay más de trescientos millones de personas en todo el mundo que lo hablan, pero lo que sí está en peligro es la libertad. Ese es el quid de la cuestión: que desde instituciones emanadas del Estado se prohíba estudiar en español.

La realidad es que cuando uno visita Cataluña, o Baleares, o el País Vasco o Galicia no encuentra ningún problema a la hora de hablar castellano. Los ciudadanos de estas comunidades suelen ser bilingües y se expresan con naturalidad en ambas lenguas. Otra cosa es que los dirigentes políticos de éstas comunidades hayan decidido imponer hasta límites inhumanos sus lenguas propias. Creo, por tanto, que el problema es político. Y lo más sorprendente es que el PSOE participe de estas políticas que atentan contra la libertad de las personas avalando políticas lingüísticas que niegan derechos elementales. O, por lo menos, a mí me sorprende.