Pan para hoy-¦

MÁS de 30.000 carteles con la leyenda «Plan E» anuncian, a lo largo y a lo ancho de la geografía española, las obras financiadas en toda España con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, esa especie de maná de 8.000 millones de euros que el gobierno Zapatero ha distribuido proporcionalmente a la población de cada municipio. El objetivo es que dicho Fondo opere a modo de Plan de choque contra el paro, de forma que la ejecución simultánea de todos esos miles de proyectos neutralice como sea la desbocada destrucción de empleo. De paso, se inyectan unos recursos económicos a las mermadas arcas municipales, en las que la crisis del ladrillo está causando estragos.

Siempre que las obras ejecutadas a través de dicho Fondo respondan a un verdadero interés público -algo que no ha sido así en todos los casos- en principio no hay mucho que objetar. Pero conviene hacer una observación: Ese Fondo no resuelve en absoluto el verdadero problema de los ayuntamientos, que no es otro que la insuficiencia financiera que arrastran de forma estructural desde su restablecimiento democrático, hace ahora 30 años. El déficit de las haciendas municipales tiene su origen en la ampliación de servicios que con los años ha ido introduciendo la Administración local por encima de sus estrictas competencias. Son las llamadas competencias «impropias», soportadas por los presupuestos municipales sin aportaciones suplementarias ni del gobierno central ni de la comunidad autónoma.

En tiempos de bonanza económica los ayuntamientos han podido sufragar ese coste extra gracias a la recaudación generada por la actividad urbanística. Así ha sido hasta que el súbito parón de la construcción ha reducido drásticamente los ingresos y ha dejado exhaustas las arcas municipales. Tal es la asfixia financiera y la falta de liquidez de los ayuntamientos que el Gobierno se ha visto obligado a adoptar otra medida extraordinaria, cual es la de establecer un fondo de 3.000 millones de euros destinados a avalar a través del ICO las deudas municipales con las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Una medida que aliviará la situación de los acreedores, pero que tampoco resuelve el problema de las propias instituciones locales.

La insuficiencia financiera municipal no puede prolongarse por más tiempo. Si el déficit sigue disparándose, muchos ayuntamientos no tardarán en situarse al borde del colapso. Si fueran empresas privadas, muchos habrían acudido ya a un proceso concursal, como se llama ahora a la suspensión de pagos. Y como no pueden hacerlo, mucho es de temer que terminen suprimiendo o reduciendo esos servicios y prestaciones que no son de su estricta competencia, con lo que será el ciudadano quien acabe pagando las consecuencias.

La solución no es otra que un gran acuerdo entre el gobierno central, las comunidades autónomas y los propios municipios para fijar un nuevo marco de financiación local que garantice de forma estable los recursos suficientes para atender todos los servicios prestados por los ayuntamientos. Mientras esto no se produzca, medidas como el Fondo Estatal de Inversión serán pan para hoy y hambre para mañana.