Lo que el fisco se llevó

NI CON PEDRO SOLBES ni sin él, me da que el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero no pasará a la historia como vencedor de la actual crisis, a pesar de sus amagos con la izquierda y ganchos de derecha en el combate político; sin obviar sus recientes ofertas de la triple C (casa, coche y computador), con sones de sinfonía incompleta. Sí podrá presumir, en cambio, de haber dejado KO en su segundo asalto legislativo al impuesto sobre el patrimonio (IP). Gracias, tocayo y paisano adoptivo. El IP fue introducido en España hace treinta años como tributo «excepcional y transitorio», con una misión más de control de los datos de los contribuyentes que con una función recaudatoria. A diferencia de lo que ha ocurrido con otras figuras impositivas, el IP no estaba puesto al día, teniendo en cuenta las transformaciones de la economía, los valores monetarios de los bienes y la evolución de la inflación. Estaba , pero como si no estuviese.

Hasta hace muy poco, sólo cinco países de los veintisiete que componen la Unión Europea mantenían el IP en vigor. Si la actualización no me falla, antes del presente ejercicio, prácticamente quedaban Francia y España como únicos países extravagantes aferrados a esta figura impositiva. Pero conviene advertir que en Francia el mínimo exento está fijado en 720.000 euros y el tipo máximo asciende al 1,8 por ciento. De modo que las clases medias francesas no se ven prácticamente afectadas por él. En España la situación era mucho peor. El mínimo exento estaba fijado en 108.182,18 euros, a los que hay que añadir hasta 150.000 euros del valor de la vivienda habitual, es decir en total algo más de 250.000 euros, lo que significa aproximadamente un tercio del mínimo exento en la legislación gala. Y el tipo máximo estaba fijado en el 2,5 por 100, lo que le convertía en el más elevado del mundo. Como vemos, la medida se ha tomado después que el IP estaba moribundo en el mundo occidental. Como ya decía el filósofo inglés Francis Bacón en el siglo XVI, «quiera Dios que la muerte me venga de España, así me vendrá más despacio».

El IP era un impuesto a todas luces injusto, fundamentalmente por ser una doble imposición y convertirse, en la práctica, en una «aportación voluntaria», al no aplicarle la «Agencia de Succión Monetaria» el mismo rigor recaudatorio que aplica a su congénere del IRPF, sin duda, por no contar con medios de control e inspección suficientes. Por esta razón, según cuentan los expertos, el fraude en este impuesto alcanzaba cotas elevadísimas. Ciudadanos con importante patrimonio y facultad de contratar buenos asesores fiscales han omitido ab ovo el pago de este impuesto, con la complicidad o vista gorda de la Agencia. Siendo de manera creciente las clases medias las que han pechado con el IP, se las ha liberado por fin de esta figura tributaria, que es la que de modo más irracional penalizaba el ahorro familiar.

He aquí un ejemplo explicativo y paradigmático. Es el caso de una persona que desde estos pagos hubo de emigrar a Francia a mediados del siglo pasado. Ni el Estado ni la familia le daban la ocupación y acogida para subsistir decentemente. En Francia trabajó con denuedo durante cuarenta años. Vivió de forma humilde, casi miserable, para reunir unos cuartos que transfería a España, destinando esos ahorros a cuentas bancarias y a la compra de un par de pisos que le dieron, además de disgustos, buenos rendimientos económicos cuando los vendió. En la década de los noventa regresó definitivamente a España. Adquirió una vivienda para sí y pudo vivir con soltura gracias a los intereses del capital acumulado y la pensión de la Seguridad Social Francesa. Todos los años ha cumplido rigurosamente sus deberes fiscales, IP incluido. Estamos, pues, ante una persona física que ha contribuido en su parte infinitesimal al desarrollo de la economía española. Hacienda pública, Ayuntamientos y administraciones autonómicas, notarios y registradores, entidades bancarias, empresas constructoras con todas las industrias y oficios anexos, etcétera; esto es, de algún modo, todos los sectores productivos de la economía española se han beneficiado del esfuerzo y sacrificio de esta persona. ¿Qué recompensa ha recibido del Estado? Dejando fuera la prestación sanitaria, que recibe de la misma forma que los no contribuyentes, nada. Ahora esta persona, con 85 años de edad, se encuentra en una residencia de ancianos cuyo pago mensual supera con creces la cuantía de su pensión. La ayuda solicitada a través de una farragosa Ley de Dependencia le llegará, si le llega, cuando ya esté definitivamente hecha polvo, mas polvo sufrido y olvidado. La recaudación del IP fue cedida por el Estado a las Comunidades Autónomas desde julio del 2002. Lo sangrante es que una parte de ese tributo ha ido a parar, en la parte infinitesimal que corresponde a cada cual de los impositores efectivos, a subvenciones, arcas o bolsillos de muy dudosa justificación, como, por ejemplo, a profesionales del deporte. Me abstengo de citar casos de malversación, corrupción o gastos suntuarios. Sólo diré, como contrapunto, que este año, a la hora de recortar gastos, por ejemplo, la Junta de Castilla y León no ha tenido empacho en hacerlo sobre un aspecto de política social que afecta a las personas de más 60 años, suprimiendo el que sería para 2009 el «XVII Concurso de Cuentos y Poesía para las Personas Mayores». Ya se sabe, en período de vacas flacas, el que se queda sin leche es por lo general el más necesitado.

Por estar soltera y no haber tenido descendencia, la persona retornada del caso apuntado ha tenido que recibir ayuda de hermanos y sobrinos. Pero como en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones los parientes de segundo y tercer grado de la causante no entran en el grupo exento de padres e hijos; y, según el parecer del ente recaudatorio superior, sus aportaciones tributarias al fisco a lo largo de su dilatada vida no han debido ser suficientes, hete aquí que cuando se muera, la «Hacienda somos todos» se ha de quedar con una parte sustancial de la herencia. Eso sí, con la gentileza de otorgar a cada uno de los herederos una reducción de 7.993,46 euros de su base liquidable.

Si hubiese un mínimo de justicia distributiva en este país, a estos tantos héroes anónimos, exentos de protagonismo, imagen y partitura de las fanfarrias oficiales, habría que devolverles lo que legalmente se les ha quitado, pero inmoralmente sustraído y comparativamente agraviado. No va a ocurrir. Dejo a los especialistas los argumentos sobre otros efectos perversos que desde el punto de vista económico ha provocado este ya fallecido y espero sepultado impuesto. En tratando de cerrar este artículo, permítanme que me desahogue de una forma poco decorosa, pero es que, tras lo dicho no puedo más de indignación y de rabia: es como para eso y no echar gota.