Un debate desigual
El corro | Pedro Vicente
Sin haberles importado que sea fiesta patronal en un sinfín de localidades, entre otras las ciudades de León, Segovia y Soria, las Cortes de Castilla y León han fijado para el día de San Juan el debate anual sobre el estado de la comunidad autónoma. En cualquier parlamento un debate de esa naturaleza constituye siempre una gran oportunidad para la oposición, que tiene ocasión de chequear de arriba a abajo la gestión del gobierno de turno, así como de exponer su programa alternativo a todas aquellas políticas que no comparte. Pero aquí concurren una serie de circunstancias que alteran la normalidad de las cosas.
Al igual que ocurriera en la primera etapa de Ángel Villalba, los socialistas arrastran el primer inconveniente de que su líder y futuro candidato a la presidencia de la Junta, Óscar López, no dispone de escaño en el parlamento autonómico. No hay por tanto cuerpo a cuerpo entre las dos cabezas visibles del PP y el PSOE en Castilla y León. Juan Vicente Herrera no se mide a López sino a la portavoz socialista, Ana Redondo, lo que inevitablemente rebaja el potencial juego de la confrontación parlamentaria.
A ese primer handicap se añade el depresivo estado de ánimo de las huestes socialistas, convalecientes aún de la derrota electoral sufrida en las pasadas elecciones europeas. Por el contrario, los populares disfrutan aún del momento dulce de una victoria que les hace concebir esperanzas de recuperar en un futuro el gobierno en Madrid. Y ni que decir tiene que el eje central del debate -la repercusión de la crisis económica en Castilla y León- favorece por completo a la Junta, que, siguiendo el catón del PP, responsabilizará inexorablemente de todos sus efectos al Gobierno Zapatero. Paralelamente, Herrera defenderá que la Junta ha hecho en tiempo y forma sus deberes, gracias a lo cual los estragos de la crisis no están siendo en Castilla y León tan virulentos como en otras comunidades autónomas. Mientras Herrera se presenta avalado por los acuerdos consensuados en seno del Consejo para el Dialogo Social, la oposición no podrá utilizar como contrapunto el informe anual del Consejo Económico y Social, cuya aprobación formal se ha pospuesto hasta el próximo viernes precisamente para evitar su eventual utilización en el debate parlamentario. Frente a la habitual complacencia de la Junta, el informe del CES ha constituido siempre un atinado análisis de la situación económica y social de Castilla y León, un diagnóstico argumentadamente crítico con algunas políticas seguidas en la comunidad. Por lo que ha trascendido, se sabe que el próximo informe pone en solfa determinadas deficiencias en la atención sanitaria y que lamenta el constante fracaso en materia de población (emigración juvenil, despoblación rural, insuficiente tasa de natalidad), problema que asocia a la inexistencia de un modelo territorial consensuado.
Pero, para su desgracia, los socialistas no podrán apoyarse en un informe que oficialmente no existe. Y sin embargo tendrán que soportar que la Junta utilice la nueva munición suministrada por Zapatero en asuntos tan controvertidos como el cierre de la central nuclear de Garoña o el modelo de financiación autonómica.