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León

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Al trasluz | eduardo aguirre

En teoría, y si no lo he entendido mal, el asesino condenado vuelve a ser presunto. El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia condenatoria de quien -“hasta ayer- era el asesinó con saña demoníaca de dos policías leonesas, y profanador del cadáver de una de ellas; al parecer, tendría que haber sido juzgado por un jurado popular y no por la Audiencia. En España somos muy aficionados a hablar de sistemas tercermundistas al referirnos a las escasas garantías jurídicas de ciertos países, pero cabe preguntarse qué lecciones podemos dar y a quiénes. Si un juicio tan destacado, desde el impacto social, no se hizo como debiera haberse hecho, hay motivos para temer que la justicia española sea una ruleta rusa.

El suceso llenó páginas y páginas de periódicos, no fue uno más dentro de un laberinto de casos anodinos. El Tribunal Supremo argumenta que estrictamente no puede hablarse de error; pues aún más lamentable, porque entonces se trata de un galimatías de obscenos tecnicismos; al menos, el error pertenece a la esfera de lo humano, pero ¿cómo calificar tan siniestra burocracia? No saldrá en libertad, pues está condenado también por otras causas, pero parece tortura psicológica someter de nuevo a las familias de las víctimas a tanto sufrimiento, aun admitiendo que para ellas olvidar no es posible, y quizá no tengan otro consuelo que el mero silencio, ahora roto. En una democracia, los culpables lo son en función de una sentencia justa, fallada por quien deba fallarla, también entendemos que el abogado de todo acusado debe velar por los derechos jurídicos de su defendido, pero una vez admitido, te vienen a la mente preguntas inquietantes, por ejemplo: ¿Esto ocurre a diario o estamos sólo ante una siniestra excepción? Pobres familias. Les han roto el silencio.

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