No al aborto libre

El 14 de mayo del 2009, el Consejo de Ministros más nefasto e infame de nuestra joven democracia perpetró un nuevo acto de oprobio y afrenta a los ciudadanos con la aprobación del «Anteproyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo», título preñado de esa falaz dialéctica eufemística progre, dirigida a disfrazar, encubrir y ocultar sus aviesas intenciones detrás de una supuesta ampliación de derechos de ciudadanía, que sólo es demagogia barata capaz de persuadir únicamente a los incautos. La vicepresidenta y la Ministra Aído hicieron un notable ridículo en la comparecencia pública ante los periodistas, realizada para explicar esta nueva aportación a la Ciencia jurídica del Gobierno de Zapatero, al ser incapaces de acertar con la edad penal vigente en España, lo cual produce una profunda angustia e inquietud al pensar en el atajo de indocumentados que nos gobiernan. Esta aberración jurídica reconoce el derecho al aborto ad nutum, a libre voluntad de la mujer, durante las catorce primeras semanas de gestación, esto significa aseverar la prevalencia del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo frente al derecho a la vida del nasciturus, lo que vulnera abiertamente nuestra Constitución. Hasta la semana vigésimo segunda de embarazo, se permite abortar siempre que el feto presente malformaciones o haya riesgo para la salud de la madre. En cuanto al primero, es un concepto absolutamente indeterminado que nos lleva directamente al aborto eugenésico, a la cultura del placer y del hedonismo más superficial y abyecto que rechaza, menosprecia y estigmatiza a las personas con discapacidad. En relación con el segundo, nos sitúa nuevamente en el tan censurado y criticado aborto terapéutico, por lo que no se solventa la principal y más grave deficiencia que presenta la actual regulación de la despenalización del aborto. Por último, reconoce el derecho al aborto sine die, sin plazo alguno al que someterse, cuando el feto padezca una enfermedad incurable, según el estado de los conocimientos de la ciencia médica en el momento de su detección. Para este supuesto, se constituirá un Comité de expertos, cuyos miembros necesariamente tienen que ser pro abortistas, lo que supone instituir una crasa y flagrante discriminación por motivos de conciencia en el colectivo médico, e impide una plural y diversa orientación a la mujer. En cuanto al derecho reconocido a las niñas de dieciséis y diecisiete años para que puedan abortar sin autorización ni consentimiento de sus progenitores, considero que es un atentado contra la mujer, al darle un poder de decisión que, por razones obvias, no puede gestionar satisfactoriamente para ella sin el necesario e imprescindible concurso de sus padres, a los que el Gobierno ignora por considerarles una mala influencia para sus hijas, permitiendo que una de las decisiones más trascendentales que una mujer ha de tomar en su vida, pueda ser adoptada en la más absoluta soledad y sin el consejo paterno.