Naufragio del Tribunal Constitucional
Panorama | antonio papell
La sensación de impotencia que trasmite el Tribunal Constitucional tras tres años de debate infructuoso sobre el Estatuto de Cataluña puede sumir a esta institución en un declive del que no consiga reponerse sin alguna reforma profunda. De hecho, su andadura comenzó con mal pie ya que el primer asunto relevante en que intervino, la expropiación de Rumasa, ya fue resuelto en 1983 por el voto de calidad de su presidente en medio de un colosal escándalo. En el caso del Estatuto de Cataluña, la historia es conocida: tras la presentación de los recursos de inconstitucionalidad, uno de ellos del PP, este partido, la Generalitat y el Gobierno se enzarzaron en una indigna guerra de recusaciones que por fuerza tenía que hacer mella en la solvencia y el sentido del equilibrio de la institución. De una institución que en los últimos tiempos ni siquiera consigue renovarse con puntualidad para cumplir el mandato constitucional: cuatro de los actuales magistrados debieron haber sido relevados en diciembre de 2007, y siguen en su cargo porque los grandes partidos no se ponen de acuerdo. Lo cierto es que, tras la recusación consumada de Pablo Pérez Tremps -”progresista-” y el fallecimiento en 2008 de Roberto García-Calvo -”conservador-”, los diez magistrados restantes están en equilibrio: cinco progresistas -”entre ellos, la presidenta, Emilia García Casas, que lo es gracias a una oportuna reforma de la ley orgánica del TC-” y cinco conservadores. Pero la sentencia es de tanta importancia que cualquier resolución no respaldada por una mayoría muy cualificada sería escandalosa y resultaría gravemente conflictiva. Y, sin embargo, cuando la polémica se ha enardecido y las posiciones aparecen duramente enfrentadas, no se ve cómo podría obtenerse una sentencia de consenso.
Las asociaciones judiciales, preguntadas sobre el particular, han reconocido que el TC atraviesa una grave crisis de prestigio, agravada por la acumulación de trabajo. A pesar de la reforma que redujo considerablemente el número de recursos de amparo admitidos a trámite -únicamente los de relevancia constitucional-, el TC dictó en 2008 un total de 13.353 resoluciones y 187 sentencias según la memoria de la institución. Y son varias y diversas las soluciones que se barajan en medios jurídicos: desde ampliar a veinte el número de miembros hasta modificar su estructura, pasando por una ley de Amparo Judicial que redujera todavía más su carga de trabajo. Estas reformas, que en algún caso requerirían una reforma de la Constitución -”el Título IX C.E. que regula el TC es muy rígido-”, no servirían sin embargo para prestigiar la institución y dotarla de una independencia que, por lo que se ve, no ha conseguido conquistar. Por ello, para algunos constitucionalistas, la única solución aceptable sería otorgar a los jueces del Constitucional un mandato vitalicio como el que disfrutan los miembros del Tribunal Supremo norteamericano. En aquel país, el juez presidente y los ocho jueces asociados son designados por el presidente de los Estados Unidos y confirmados con el «consejo y consentimiento» del Senado. La historia de esta institución da cuenta de numerosos casos en que los jueces se han comportado de muy diferente manera de la que esperaba el presidente que los designó. Pero precisamente por ello es muy improbable que aquí los grandes partidos accedan a perder todo control de un mecanismo judicial tal relevante.