Argumentos contra las eólicos en la Cepeda

En estos días asistimos a un envite de los defensores de algunos parques eólicos ya instalados por los empresarios de Apecyl. En la Cepeda, en Omaña, en el Bierzo y en otras comarcas hay varios de ellos que han sido paralizados por del TSJ porque no se ajustan a la ley. Es decir, de momento son ilegales.  Hace poco, el alcalde de Quintana del Castillo, don Emilio Cabeza Martínez, publicaba un artículo en diferentes medios de comunicación donde defendía estos parques y a las sociedades que los promueven. El texto estaba muy bien escrito. Tan bien escrito que saltaron las alarmas. Al señor Emilio Cabezas se le pueden reconocer otras virtudes, pero en sus aproximadamente 75 años de edad nunca nadie había leído un artículo de él. Ahora, de pronto, se descubre como un magnífico ensayista para sorpresa del vecindario.  Pero todo tiene una explicación. Después de escuchar la rueda de prensa de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl), acompañados por algunos alcaldes y pedáneos, ya podemos suponer de qué círculos procedía realmente ese texto que firmó el señor Cabeza. La argumentación del alcalde y de la patronal Apecyl son exactamente como dos gotas de agua.  En cuanto a los parques eólicos paralizados por la justicia en la Cepeda y en otras zonas, no debe sorprender a nadie su cese provisional, ya que han infringido las leyes.  En el caso de los molinos situados en el monte del cueto de San Bartolo, en el municipio de Quintana del Castillo, al lado de Villameca, los colocaron sin respetar el entorno, ni el patrimonio histórico ni el medio ambiente. A menos de 50 metros de uno de los molinos gigantes existe un pozo y una fuente, datados en el siglo XII por los frailes de la orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, que todavía hoy son un importante bebedero para los animales silvestres y un elemento de incalculable valor histórico. Nadie de la empresa constructora ni del ayuntamiento lo tuvieron en cuenta. Y si no fuera así, que se atrevan a mostrar el expediente de tramitación donde debería figurar este pozo de los monjes, con más de 700 años de antigüedad demostrable en documentos oficiales de archivo. Simplemente no figura. ¿Y por qué? Porque al omitirlo, aunque sea parte importantísima de la historia, se evitaban dificultades, explicaciones y costes.  El progreso no se debe impulsar a cualquier precio ni por encima de las normas. El Tribunal Superior de Justicia está actuando acertadamente. Confiemos en que en los casos donde se ha vulnerado la ley, se paralicen los proyectos, y donde se ha respetado, puedan seguir adelante en beneficio de toda la sociedad.