La trivialización del patrimonio

Tribuna | Cesáreo Villoria

Presidente de Asociación para la Defensa del Patrimonio de la Ciudad de León Decúmano

La consecuencia más evidente que se puede sacar del libro recientemente publicado, León perdido, de J. C. Ponga, es que el principal destructor del patrimonio de la ciudad de León ya desde el siglo XIX ha sido el Ayuntamiento. En tiempos pasados esta circunstancia se podía interpretar -”y en cierto modo disculpar-” como una deficiencia de la conciencia histórica de los munícipes, y en general de las élites intelectuales de entonces. Más difícil es explicar por qué durante todo el siglo XX esta destrucción ha continuado. Y resultaría incomprensible a todas luces que esta labor destructiva se prolongue hasta hoy. A muchos esta afirmación puede resultarles exagerada, cuando no gratuita. Pero si nos fijamos con detenimiento no tanto en la desaparición de grandes edificios o aquellos de notable porte como pudo ser el Palacio Real de los Trastámaras en la calle la Rúa, sino en la arquitectura menor pero significativa de un conjunto urbano que ha conservado la traza medieval a duras penas, resultaría penoso enumerar las casas del casco antiguo que estando catalogadas, han sido abandonadas a la ruina para luego construir edificios carentes de todo interés histórico y artístico. No menos lamentables resultan las restauraciones llevadas a cabo en edificios históricos en estado de abandono desde hace largo tiempo, como sucede con el Palacio de los Condes de Luna o el llamado de Don Gutierre. En este caso las intervenciones realizadas al margen, casi siempre del cumplimiento de la ley de patrimonio, han dado como resultado un híbrido arquitectónico de dificil justificación histórica. Parecidos criterios mixtificadores se han aplicado en algunos inmuebles de principios de siglo XX del calle Padre Isla; en estos casos, para quitar la mala conciencia destructiva, se practica del fachadismo. Pero no se crea que se conserva la fachada en el sentido estricto, por el contrario en todos ellos se ha modificado ya sea su volumetría, ya su altura o sus elementos decorativos. De manera que las fachadas resultan irreconocibles al final -”véase esto que aquí afirmamos en el edificio de la calle Padre Isla esquina con la calle de la Torre-” con todo, uno de los atentados contra el patrimonio más elocuentes lo representará -”si Dios no lo remedia-” la instalación de un conjunto escultórico en el entorno de la Puerta del Castillo. El proyecto contraviene todas las leyes del Patrimonio del estado español, de la comunidad autónoma, así como del Plan Especial, a pesar del juicio favorable del Comisión de Patrimonio. Sin embargo, esto no es lo relevante. Lo relevante es que con esta instalación se trivializa el patrimonio. En una de las partes más históricamente más significativas de la ciudad, la del Castillo de León, se quiere instalar un conjunto escultórico ajeno por completo a la historia de este singular lugar. Con ello se renuncia al conocimiento de la historia para reducirlo a un espacio de juego que altera en todos los sentidos el entorno histórico y monumental del sitio. En este caso el que se destruya el patrimonio o que se altere significativamente ya ha dejado de ser relevante. Otra vez la falta de ilustración de las Corporaciones municipales del PP y del PSOE repiten la lamentable historia destructiva del pasado.

No hay que decir que ninguna de las Cartas Internacionales sobre el Patrimonio ampara semejantes fechorías, ni tampoco las indicaciones de Icomos y de la Unesco. Tampoco a nadie debería ocultársele la importancia económica que tiene la conservación del Patrimonio para lo que se ha llamado turismo cultural. En esto nuestro país, hay que reconocerlo, no es un modelo. Habiendo dispuesto hasta los años cincuenta de quizá la riqueza patrimonial más importante del mundo, desde entonces parecen haberse unido todos los esfuerzos para destruirla sin dar apenas tregua. Habría que considerar que, si no hay razones históricas en un pueblo tan poco proclive como el español al conocimiento de su pasado, debería haberlas económicas. En este sentido no deberíamos ser las asociaciones para la defensa del patrimonio quienes nos empeñáramos en defenderlo en su puridad, sino aquellos que extraen un beneficio económico de él, sea directa o indirectamente.

En este sentido la ciudad de León es un ejemplo significativo. Nos visitan un sinnúmero de turistas de todo el mundo, principalmente por razones histórico-artísticas. Hay que recordar que León es Patrimonio de la Humanidad (patrimonio mundial, se dice ahora) por formar parte del Camino de Santiago Francés, no por ninguno de sus monumentos, que carecen, según el criterio de Unesco, de suficiente autenticidad. Pues bien, ninguna de estas dos razones han movido a la sociedad leonesa a una preocupación por conservar la autenticidad de lo que resta de ese patrimonio. A las autoridades del Ayuntamiento, porque carecen de una política conservacionista. Priman en ella otros intereses distintos a los de la conservación. A la sociedad en general, porque si no carece de sensibilidad histórica, sí de capacidad de reacción delante de los desmanes de las distintas administraciones.

En efecto, el estado de conservación del patrimonio de la ciudad de León dista de ser óptimo y ni siquiera es bueno. Las intervenciones que se realizaron en la anteriores corporaciones, y que ha seguido esta de ahora, no han sido adecuadas, ni de calidad, como lo atestigua el deteriorado pavimento de la calle Ancha y de los alrededores del catedral. Se sigue una política conservacionista más bien destructiva al mezclar los elementos antiguos con los modernos sin rigor histórico en la conservación. Esa política se ha continuado en la restauración de Palacio del Conde Luna donde la recreación ha sido el criterio de restauración. De manera que se puede decir que los restauradores se han inventado el palacio además de hacer desaparecer elementos importantes del mismo. La política del conservación ha sido sencillamente devastadora en relación con la conservación del caserío tradicional de la ciudad antigua. Casas catalogadas de los siglos XVI, XVII y XVIII han sido abandonadas a su suerte para finalmente declararlas en ruina y permitir su demolición. En otros casos, como sucede en el número 31 de la calle de la Rúa, se ha cambiado notablemente la volumetría del edificio -”con la debida licencia del Ayuntamiento-” a cambio de permitir el acceso al público a unas ruinas romanas. Decisiones de esta naturaleza sólo pueden calificarse de caciquiles y alteran de forma manifiesta la visión de conjunto del barrio histórico.

No obstante, se dan dos hechos sumamente perniciosos en la política conservacionista del presente en España. El primero es la desafección en el cumplimiento de las leyes de las autoridades municipales, autonómicas y estatales. Cuando se trata de los intereses particulares parece que los poderes públicos apenas se paran a considerar que son ellos los defensores de los mismos. Lo público propiamente ha perdido su entidad social y jurídica. Son los intereses de los particulares o de los grupos de presión, en este caso son hosteleros o constructores los que cuentan, ciertamente en la medida en que los poderes públicos sacan beneficio económico de ellos. El segundo, hace referencia la política conservacionista de los ayuntamientos. En general carecen de tal, en el sentido estricto. No basta con tener una concejalía de patrimonio en las corporaciones municipales, más bien se trata de que esta tenga atribuciones sobre el urbanismo en los cascos históricos y no sea la concejalía de urbanismo la que dicte la política de patrimonio, como sucede en la actualidad. Mientras no se resuelvan estos dos escollos, entre tantos otros, el peligro de la destrucción del patrimonio seguirá presente. Se hace necesario recordar una vez más que este no sólo es un legado de conocimiento, sino también una fuente de riqueza y tanto más lo será cuanto mejor lo conservemos.