Impuestos y demagogia

Tribuna   ALFONSO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

La profunda crisis económica que atravesamos está causando una caída brutal de los ingresos públicos, que se está viendo agudizada por la errada política del Gobierno, consistente casi únicamente en un importante incremento del gasto público. Dicho aumento, que se produce en un momento de disminución de la recaudación impositiva, no podía abocarnos más que al galopante déficit público que padecemos. Nuestro país previsiblemente cerrará 2009 con un déficit público de alrededor del 10% del PIB, es decir unos 100.000 millones de euros. Y, de seguir en esta línea, se prevé que la deuda pública alcance el 80% del PIB en 2010. Incumpliendo clarísimamente dos de los puntos del Pacto de Estabilidad recogidos en el Tratado de la Unión Europea. Desde la UE se ha dicho que en 2012 los países de la Zona Euro tendrán que volver a la senda de la estabilidad presupuestaria y por tanto el déficit público no podrá exceder el 3% del PIB.

 La nueva ocurrencia del Gobierno a este respecto ha sido el anuncio de una reforma fiscal por la que está previsto revisar al alza todos los tributos. No cabe duda de que este incremento será más importante y prolongado de lo que el presidente del Gobierno ha afirmado. En este sentido se ha apuntado una subida del IRPF a las rentas altas (las superiores a 60.000 euros al año). Como cabía esperar de este Gobierno tan ideologizado, se pretende trasladar a la opinión pública la percepción de que esto es algo positivo para la «ciudadanía», que hará que sean los «ricos» quienes soporten el gasto «social» que supuestamente servirá para ayudar a las personas más castigadas por la crisis. Por supuesto quien critica esa subida fiscal es tachado de inmediato de insolidario. Nuevamente nos topamos con un anuncio propagandístico de un gobierno populista que trata de persuadirnos con ese discurso falaz y torticero, que trata de manipular a los españoles (cosa que en gran medida consigue), basado en sus eslogan tradicionales. Hay que recordar que las rentas superiores a 60.000 euros apenas representan el 20% de la recaudación del IRPF. Los realmente ricos tienen sus sociedades patrimoniales (las Sicav), con una tributación del 1%, que no se va a modificar.

 Por otro lado se anuncia (sin que sepamos a ciencia cierta a qué atenernos) que la subida impositiva no afectará a las rentas del trabajo sino a las del capital, lo cual demuestra la «sensibilidad social» de nuestro Gobierno, que velará por que el coste de la crisis no sea soportado por la clase trabajadora, utilizando nuevamente esa obsoleta dialéctica demagógica. Hay que señalar que las rentas del capital en la recaudación total del IRPF supusieron el año pasado apenas 7.000 millones de euros. La izquierda sigue pensando (o más bien nos quiere hacer creer) que quienes perciben rentas del capital son las clases más pudientes, obviando el dato de que más de 10 millones de españoles obtienen rentas de este tipo. Por ejemplo, unos cuatro millones de españoles tienen acciones en Bolsa. Y todo el mundo tiene una cuenta corriente, o una imposición a plazo fijo, o un piso que podría vender y obtener una plusvalía por ello. Otra cuestión importante que hay que aclarar es que en un mundo tan globalizado como el actual y con la libertad de movimiento de capitales existente, un incremento de la tributación de las rentas del capital provocará automáticamente una fuga de capitales hacia otras economías. Por ello la fiscalidad de los Estados trata mejor a este tipo de rentas que a las rentas del trabajo (la movilidad de los trabajadores es evidentemente menor).

 Además, la historia económica demuestra que no existe correlación entre los aumentos impositivos y los incrementos en la recaudación. Esas subidas de impuestos han sido causantes, junto a otros factores, de recesiones económicas como la norteamericana  de principios de los años 90 o la Gran Depresión de los años 30. ¿Por qué? Las subidas en la tributación afectan al comportamiento de los agentes económicos, entre otros motivos porque inciden en el sistema de incentivos, que afectará especialmente a los proyectos más innovadores. Los impuestos penalizan y desestimulan la iniciativa empresarial y en última instancia el crecimiento y el empleo (lo cual necesariamente implicará más gasto público).

 Y todo ello precisamente en un momento en que empresas y particulares están tratando de incrementar sus tasas de ahorro, reduciendo el sobreendeudamiento que en parte ha provocado la crisis actual. Sin ahorro no habrá inversión, que nos permitiría un cambio de modelo productivo (pero no por decreto, como se pretende), buscando la generación de mayor valor añadido y por lo tanto mayor competitividad. Es evidente que esto no se conseguirá incrementando la presión fiscal.

 Además hay que tener en cuenta que España es un país con impuestos altos -si nos comparamos con las naciones de nuestro entorno- en IRPF, Impuesto de Sociedades y en las cotizaciones a la Seguridad Social, que son los impuestos que afectan directamente a la creación de riqueza.

 Si nos fijamos en las partidas de gasto, el Gobierno no ha hecho comentario alguno al respecto de su reducción. Obviar este debate tiene claramente una motivación ideológica: La ideología socialista que defiende que todo problema puede ser resuelto por el Estado mediante gasto y déficit. Sostienen que cuanta más intervención del Estado, mejor. Pretenden que todo se resuelva a golpe de talonario (es decir, más Estado y menos mercado). Repartiendo dinero a manos llenas (dinero de los demás, naturalmente) a costa de esquilmar las cuentas públicas pretenden asegurarse un buen número de votos. Se trata de la equivocada teoría keynesiana que defiende que el gasto por parte de un Gobierno con cargo a los ciudadanos provocará mayor crecimiento que las decisiones económicas que las personas adopten libremente. La izquierda debería fijarse en Estados como el sueco (del que tratan de transmitirnos una falsa imagen) que en los años 90 tuvo que recortar de manera importante el gasto público y los impuestos, además de liberalizar muchos sectores, para evitar una quiebra del Estado.

 Nos vamos a ver abocados a soportar un rescate bancario de más de 90.000 millones de euros, que a buen seguro se destinarán en parte a salvar entidades (principalmente cajas de ahorros) que por su falta de viabilidad habría que dejar caer. Y por otro lado está el tema de la financiación autonómica: Los gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas recibirán 9.000 millones de euros adicionales, cuando todos sabemos que esos gobiernos no se caracterizan precisamente por su austeridad, más bien se dedican a malgastar el dinero público en cuestiones superfluas, en lugar de dedicarlo a infraestructuras y a mejorar los servicios públicos esenciales. Adicionalmente, se espera una nueva edición del nefasto Plan E.

 La conclusión es que, como cabía esperar, será el conjunto de los españoles y especialmente las clases medias quienes soportemos con nuestros impuestos los desmanes e improvisaciones de la política económica de un gobierno incapaz y populista.

Todo ello no hará sino retardar la salida de la crisis, que ya empiezan a ver más cerca algunas naciones europeas.