La manifestación
La veleta | ANTONIO CASADO
Convocan cuarenta asociaciones de las llamadas pro-vida. Aplauden y apoyan el PP y la Conferencia Episcopal. La cita es este sábado en Madrid y, a mi juicio, el despliegue de mensajes cargados de demagogia es insoportable, lo cual no supone negarles el derecho de manifestación. Aunque, como digo, los argumentos estén cargados de demagogia y de interpretaciones absolutamente sesgadas. Para empezar, es mentiroso el recurso a la asignación de intenciones entre los que están en contra del aborto y los que, según los anteriores, estaríamos a favor. Planteamiento falso. Conscientemente falso, porque si hay desalmados directamente partidarios del aborto, o sea, que lo defienden y lo promocionan como un método más, serán minoría. Por tanto, la controversia no se puede plantear entre partidarios y no partidarios del aborto, sino entre partidarios y no partidarios de que los poderes públicos acometan la regulación jurídica y sanitaria de un fenómeno social que no va a dejar de existir por el hecho de que los poderes públicos dejen de regularlo. Los manifestantes de mañana arremeten contra Zapatero y contra la nueva ley en tramitación que aspira a una mejor regulación del aborto. Deben saber que, se regule o no, las interrupciones voluntarias -la ley no obliga a abortar a nadie-, se van a seguir produciendo.
Al aborto nos oponemos todos, pero algunos entendemos que no tiene sentido prohibirlo. Sería absurdo decretar su abolición en el BOE. Sería como prohibir el apareamiento hombre-mujer, ese dichoso atavismo de la especie humana que es fuente de tantas grandezas y tantas miserias, como casi todo lo que es irremediablemente humano. Lo que sí puede y debe regularse en el BOE son las consecuencias del apareamiento. Las queridas y las no queridas. Las deseables, como la institución familiar y la educación de los hijos, y las indeseables, como la interrupción de un embarazo por las distintas razones que en último término sólo la mujer ha de valorar. La mujer, y sólo la mujer, puede decidir. No el Estado, ni la Iglesia, ni la Familia, el Municipio, ni las Asociaciones Pro-Vida. Hablamos de derechos civiles, naturalmente. Uno de los caballos de batalla de los llamados antiabortistas es su cerrada oposición a considerar la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho. Por supuesto que es un derecho de la mujer. En términos civiles, no religiosos, la única fuente de los derechos del ciudadano es la soberanía nacional. Quien se remita a la religión o a la ética, exclusivamente, tendrá buenas razones para no cometer el pecado del aborto. Excelente. Lo que no se puede es impedir que otros ciudadanos o ciudadanas se aco jan a los beneficios de una regulación legal.