Juicios de residencia
Con viento fresco josé a. balboa de paz
En el derecho castellano medieval, el juicio de residencia era un procedimiento por el que, tras su cese, se revisaba la actuación de ciertos oficiales reales, a los que se les exigía la responsabilidad en la que hubiesen podido incurrir por los actos realizados en el ejercicio de su cargo. Los Reyes Católicos, y en general los Austrias, lo practicaron puntualmente con los corregidores; pero sobre todo, por las distancias y los problemas de un control directo del rey, los juicios de residencia fueron especialmente exigidos a virreyes, gobernadores y oidores de los territorios americanos de la Corona. Aunque muchas veces no dejaban de ser un puro formalismo, tales juicios, especialmente en el caso de actos despóticos sobre los súbditos o enriquecimientos escandalosos, no dejaron de ser una importante medida de control respecto a aquellos altos cargos y funcionarios. Nada semejante encontramos en nuestros días, pese a que la corrupción es un mal que se extiende como mancha de aceite por esta piel de toro española.
El Gobierno socialista publicó hace unos días los bienes de los ministros, lo que sin duda es un acto loable de trasparencia; pero ha dejado perplejos a la mayoría de los ciudadanos al enterarse que políticos con una vida entregada a la causa sólo les ha deparado unos bienes valorados en 68.964 euros (Chaves), 208.017 euros (Corbacho) ó 209.206 euros (Zapatero), por poner sólo tres ejemplos significativos. Sólo las ministras parecen contar con mayores recursos, probablemente porque recibieron mejores herencias o son mejores gestoras y más ahorradoras. Algunos datos, sin embargo, dejan mucho que desear, por ejemplo los proporcionados por Elena Salgado a la que le han descubierto, además de varios pisos y garajes en Madrid de los que dio cuenta en su declaración, un apartamento en Niza, en un palacete de principios del siglo XIX. Con estos datos tan parcos algunos ministros deben de tener sumo cuidado no vaya a ocurrírsele a alguien practicar un juicio de residencia al finalizar su mandato y se encuentren con nuevas y suculentas posesiones, cuyo origen tendrán que explicar.
Pero los altos cargos del Estado no parecen los más corruptos -”incluso no lo son en absoluto-”, a tenor de las informaciones que estos días publican los medios. Son los otros pero de todos los partidos, consejeros autonómicos, diputados provinciales, alcaldes, concejales los que han convertido España en un patio de monipodio. Cargos públicos del PP, en Valencia, Madrid y otras partes, se encuentran atrapados en la red clientelar del caso Gürtel al confundir fraudulentamente sus deberes como políticos con sus intereses personales, dejándose corromper por regalos y prebendas. Los tentáculos de Gürtel parece que también alcanzan a políticos del PSOE cercanos a Zapatero, como Angélica Rubio, presunta conseguidora de jugosos contratos para las empresas de Martínez Núñez. Pero el caso Gürtel no es más que la punta del iceberg de una corrupción extendida como un cáncer por todo el país: Mercasevilla, Palau de la Música de Barcelona, Consell balear, ayuntamientos del Ejido, Marbella y muchos otros.
Toda esta corrupción política, además de delictiva desde el punto de vista penal, es obscena política y socialmente, pues demuestra los pocos escrúpulos de algunos políticos en un momento de crisis. Tal enriquecimiento ilícito contrasta con los cuatro millones de parados o con ese sesenta por ciento de hogares españoles que, según el INE, están ahogados por la crisis, o con ese veinte por ciento que está por debajo del umbral de pobreza. La gente pasa hambre, los que piden limosna en las calles aumentan de día en día, los comedores de Cáritas no dan abasto a las solicitudes de ayuda. Hay una estrecha relación entre aquel enriquecimiento y esta miseria Sí, creo que no estaría de más poner en vigor nuevamente los juicios de residen cia, o que la fiscalía fuera más inquisitiva en estos temas de corrupción política.