Altura de miras para la fusión
De siete en siete | rafael monje
La recta final que afrontan Caja Duero, Caja España y Caja de Burgos para culminar con éxito el proceso de fusión no está exenta de algunos baches que deberán de sortear desde el rigor, la responsabilidad de todas las partes implicadas y la generosidad de quienes tienen la verdadera capacidad de decisión. En síntesis, se trata de conjugar de la mejor manera posible dos escenarios a veces encontrados: el estrictamente económico en un momento de enorme dificultad y el propiamente humano que se deriva de cualquier ajuste de plantilla. Los informes técnicos que manejan las entidades sitúan el recorte laboral en un 21 por ciento, equivalente a unos 1.400 trabajadores entre las tres cajas. El asunto, por tanto, no es baladí, porque estamos hablando de un alto coste en materia de empleo en una Comunidad donde no hace tanto tiempo el mero planteamiento de destrucción de puestos de trabajo en este sector sonaría, cuanto menos, a inverosímil y onírico.
Por lo trascendido hasta ahora, las cajas pretenden alcanzar un pacto laboral previo a los acuerdos simultáneos de sus respectivos consejos de administración. Un pacto que este mismo miércoles comienza a debatirse en Madrid y que deberá materializarse en un plazo corto, no más de quince días a tenor de lo recetado por el Banco de España. A este primer escollo hay que sumar otros como el cierre de oficinas, la definición de los órganos de gobierno, la elección de la presidencia de la gran caja y la ubicación de la sede ejecutiva. O sea, casi nada. Pero lo primero que toca es lograr ese plan laboral en el que los sindicatos ya han puesto sus cartas boca arriba. Por ello, cabe hacer una llamada a la responsabilidad de sus dirigentes, la misma de la que hicieron gala recientemente en el pacto que a la postre ha significado la viabilidad de la planta de Renault en Valladolid. Ahora se impone también esa altura de miras, tan necesaria para que este proceso de reordenamiento financiero pueda igualmente ver la luz. Y, además, hacerlo desde el compromiso y el menor impacto social, para lo que bien podrían instrumentalizarse medidas de prejubilación en una plantilla que presenta, en un porcentaje similar al del coste laboral de la fusión, una edad propicia para este tipo de negociaciones. Qué sentido tendría, como lamentablemente hemos podido comprobar, el baile informativo que sucedió al desechado protocolo de integración, hasta el punto de que un mismo sindicato decía una cosa en Salamanca y otra bien distinta en León o en Burgos. No quisiera al final tener que darle la razón a un buen amigo cuando dice que si muchos trabajaran dos horas a favor de la empresa y no ocho en contra qué bien nos iría a todos. Pues eso.