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León

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El rincón | victoria lafora

E l recuerdo del caso Naseiro, en el que el Tribunal Supremo archivó la causa sobre financiación ilegal del PP por irregularidades en la instrucción del sumario, ha estado sin duda planeando sobre el mas reciente caso Gürtel como la gran esperanza de una parte de los supuestos implicados. Había que seguir buceando en los entresijos de la ley hasta encontrar un argumento más sólido y contundente. Y por fin lo encontraron: Sitel. Un sistema que adquirió el Ministerio del Interior en octubre de 2001, gobernando el PP, por el que el Estado pagó casi 10 millones de euros. Este sistema, el único con que cuentan nuestras Fuerzas de Seguridad, ha servido para luchar contra terroristas, narcotraficantes, mafiosos, proxenetas, y nunca cuestionado por el PP. ¿Por qué precisamente ahora vuelven a rasgarse las vestiduras ante una necesaria regulación de su uso mediante ley orgánica? ¿Antes no era necesario y ahora sí? Realmente extraño. Ante los rifirrafes que se están organizando por el tema, sobre todo el protagonizado por el ministro Rubalcaba y los diputados Floriano y Pons del PP, éste último afirmó que el propósito de su partido no era en absoluto la anulación de la causa Gürtel en la que se debía ir hasta el final cayese quien cayese; que lo importante era salvaguardar la inviolabilidad de los derechos fundamentales. Pues bien, solo han transcurrido tres días desde esa afirmación y la portavoz del Gobierno valenciano, Sánchez de León, ha afirmado que su partido pedirá la nulidad del caso Gürtel si se demuestra que las grabaciones del presidente Camps con el Bigotes se realizaron de manera ilegal con el sistema Sitel. A esto se llama quitarse la careta a toda prisa.